El Parlamento Europeo ha detenido este miércoles la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur tras una votación extraordinariamente reñida que ha determinado remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La decisión, adoptada por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, supone un nuevo obstáculo para un pacto que ha tardado más de un cuarto de siglo en cerrarse y que fue firmado formalmente el pasado 17 de enero en Asunción, Paraguay.
La iniciativa parlamentaria, impulsada por un grupo minoritario de izquierda, obliga ahora a la justicia europea a pronunciarse sobre la compatibilidad del acuerdo con el derecho comunitario. Aunque técnicamente no constituye una paralización definitiva y la Comisión Europea mantiene la potestad de implementarlo de forma provisional, el freno representa un significativo revés político para un tratado concebido como instrumento estratégico de diversificación comercial en un momento de creciente tensión transatlántica.
El contexto geopolítico: Trump y la urgencia de alternativas comerciales
La decisión del Parlamento Europeo cobra particular relevancia en el actual escenario internacional. Mientras se desarrollaba la votación en Estrasburgo, el presidente estadounidense Donald Trump arribaba a Davos lanzando una nueva serie de amenazas arancelarias contra países europeos. Sus declaraciones sobre Groenlandia han añadido además un componente de incertidumbre sobre la soberanía territorial europea, reforzando la necesidad del bloque de reducir su dependencia de Estados Unidos.
El canciller alemán Friedrich Merz, uno de los principales defensores del acuerdo, no ha tardado en expresar su frustración. «La decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo del Mercosur es lamentable. No interpreta correctamente la situación geopolítica», ha recriminado en redes sociales, exigiendo que cesen las demoras. El dirigente alemán, que encabeza una potencia europea cuya economía aún no logra remontar, entiende el pacto como una herramienta fundamental en el tablero geopolítico global.
Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE), había calificado previamente el tratado como el «acuerdo anti-Trump» y una «herramienta geopolítica fundamental» para demostrar que «el enfoque basado en normas sigue siendo posible en Europa». Por su parte, Iratxe García, presidenta del grupo Socialistas y Demócratas (S&D), había advertido que sería «irresponsable» frenar el acuerdo enviándolo al TJUE.
La factura económica: entre 3.000 y 4.000 millones mensuales
Las implicaciones financieras del retraso son considerables. Según cálculos del Centro Europeo para la Política Económica Internacional (ECIPE), los cinco años transcurridos entre el primer principio de acuerdo y el segundo habrían costado aproximadamente 183.000 millones de euros en exportaciones no realizadas, a razón de 3.000 millones mensuales. Proyecciones actualizadas elevan el coste potencial a 280.000 millones si la entrada en vigor se pospone tres años adicionales.
El Gobierno español ha utilizado precisamente este argumento económico para criticar la moción aprobada. Fuentes del Ministerio de Economía señalan que el acuerdo suprimiría más del 90% de los aranceles a las exportaciones europeas, generando un ahorro superior a 4.000 millones de euros anuales para las empresas del bloque. «Cada mes de retraso en la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur implica costes relevantes para nuestra economía y para la competitividad de nuestros sectores», advierten desde el departamento que dirige Carlos Cuerpo.
El tratado elimina barreras arancelarias para más del 90% del comercio bilateral y favorece particularmente las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los cuatro países fundadores del Mercosur. La zona de libre comercio resultante integraría un mercado que representa cerca del 30% del producto interno bruto mundial y más de 700 millones de consumidores.
Francia lidera la oposición: coherencia política frente a presión agrícola
Frente al consenso económico sobre los beneficios del acuerdo, Francia ha mantenido su férrea oposición por razones predominantemente políticas. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha calificado de «coherente» la decisión legislativa, celebrando que el Parlamento Europeo «se expresó en coherencia con la posición» francesa. «Francia asume decir no cuando es necesario y, a menudo, la historia le da la razón», ha declarado el funcionario.
Miles de agricultores franceses llevan protestando desde el martes ante la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, manifestando su preocupación por la competencia que supondrían las importaciones agrícolas sudamericanas. El sector agrícola galo teme que el acuerdo perjudique sus intereses al permitir la entrada de productos del Mercosur con estándares de producción diferentes a los europeos.
Fracturas internas: el voto nacional supera las líneas partidarias
La votación ha evidenciado profundas divisiones que trascienden las afiliaciones políticas tradicionales. Aunque tanto el PPE como el S&D habían marcado como línea oficial votar contra la moción para permitir la continuación del proceso de aprobación, ambas formaciones han sufrido numerosos votos rebeldes. Eurodiputados franceses y polacos de diversos partidos se han desmarcado de sus grupos para apoyar la suspensión del acuerdo, privilegiando las posiciones nacionales sobre la disciplina partidaria.
Esta fragmentación ha descolocado a los máximos representantes institucionales que se han implicado personalmente en el avance del tratado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, habían defendido intensamente el pacto en sendas comparecencias ante el pleno en Estrasburgo justo antes de la votación. Ambos líderes habían asistido hace menos de una semana a la ceremonia de firma en la capital paraguaya.
Las cuestiones jurídicas: mecanismo de reequilibrio y base legal
Los eurodiputados que impulsaron la remisión al TJUE han planteado dos cuestionamientos jurídicos fundamentales. En primer lugar, dudan de la validez legal del mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, temiendo que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE. En segundo término, cuestionan la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos comerciales del acuerdo se ratifiquen sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.
Según el tribunal europeo, este tipo de procedimientos tardan de media entre 18 y 24 meses en resolverse, aunque la corte «tiene el control total» y «puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica». Las tres últimas demandas similares han tardado 16, 26 y 19 meses respectivamente en dirimirse.
El portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, ha lamentado la decisión parlamentaria argumentando que «las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda». Gill ha señalado además que no se trata de cuestiones nuevas, puesto que ya han sido abordadas en tratados comerciales previos, particularmente en el acuerdo con Chile.
La reacción sudamericana: optimismo cauteloso y ratificación acelerada
Los países del Mercosur han reaccionado restándole dramatismo al revés europeo y reafirmando su intención de avanzar hacia la ratificación. Uruguay, Paraguay y Brasil han interpretado la medida como un episodio político interno de los europeos que no altera el rumbo estratégico del acuerdo.
El canciller uruguayo Mario Lubetkin ha calificado la decisión como un «tropiezo» superable, expresando pocas dudas de que «finalmente el Tribunal ratifique lo que se firmó el sábado», recordando antecedentes similares con acuerdos comerciales suscritos por la UE con Canadá y Singapur. Uruguay mantiene su objetivo de convertirse en el primer Estado del Mercosur en aprobar el tratado antes de mediados de año.
El presidente paraguayo Santiago Peña ha adoptado un tono igualmente optimista, señalando que la presidenta Von der Leyen le transmitió que existen herramientas legales para aplicar el acuerdo de manera provisional incluso antes de la ratificación definitiva. «Si la Unión Europea pone ya en ejecución el acuerdo, aunque sea de manera transitoria, en los países del Mercosur, en la medida en que vayan aprobando, ya se va a ir aplicando», ha explicado.
Brasil, la mayor economía del bloque sudamericano, ha emitido un comunicado afirmando que el gobierno «da toda la prioridad a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur» y continuará trabajando para que «todas las condiciones para su plena entrada en vigor sean cumplidas con la máxima celeridad posible».
Perspectivas: entre la aplicación provisional y la incertidumbre judicial
El acuerdo se encuentra ahora en un limbo jurídico-político. Mientras el TJUE delibera sobre su compatibilidad con los tratados europeos, la Comisión mantiene la capacidad técnica de implementarlo provisionalmente, aunque esta decisión implicaría asumir riesgos políticos considerables en un contexto de oposición parlamentaria manifestada.
El tratado enfrenta además resistencias estructurales en Europa, especialmente desde sectores agrícolas y ambientales que cuestionan su impacto sobre la competencia y los compromisos climáticos del bloque. La tensión entre las necesidades geopolíticas de diversificación comercial y las preocupaciones sectoriales internas define el complejo escenario en el que deberá dirimirse el futuro de un acuerdo negociado durante más de 25 años.
La votación ajustada —apenas diez votos de diferencia— refleja no solo las divisiones sobre este tratado específico, sino debates más amplios sobre el modelo de integración europea, la gestión de la globalización y el equilibrio entre apertura comercial y protección de intereses domésticos en un momento de profunda reconfiguración del orden internacional.
