El sistema de jubilaciones y pensiones del sector público paraguayo enfrenta una crisis estructural que se profundiza año tras año. Las transferencias gubernamentales destinadas a cubrir este déficit crecieron 10,7% durante 2025, alcanzando G. 9,28 billones (USD 1.386,3 millones), según revela el informe de Situación Financiera de la Tesorería General del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta situación ha convertido la reforma previsional en una prioridad ineludible para las autoridades nacionales.
Transferencias públicas superan los USD 1.386 millones anuales
El análisis comparativo entre los ejercicios fiscales 2024 y 2025 evidencia un incremento nominal de G. 897.395 millones (USD 133,9 millones) en las transferencias destinadas a jubilaciones y pensiones del sector público. El año anterior había cerrado con G. 8,39 billones (USD 1.252,4 millones), cifra que fue superada significativamente en el periodo más reciente.
La composición del financiamiento revela que prácticamente la mitad de estos recursos proviene de fuentes tributarias (Fuente 10), mientras que la otra porción corresponde a recursos propios del Estado (Fuente 30). Los impuestos aportaron G. 4,69 billones (USD 701,2 millones), registrando un crecimiento de 14,3% interanual. Por su parte, los recursos propios transfirieron G. 4,59 billones (USD 685 millones), con un aumento de 7,3% respecto al año anterior.
Aunque el documento de Tesorería aclara que estas transferencias incluyen las pensiones destinadas a adultos mayores, la principal presión sobre el incremento proviene del déficit acumulado de la Caja Fiscal, donde los aportes del sector público resultan insuficientes para cubrir las jubilaciones en constante aumento.
Pérdidas acumuladas superan USD 1.683 millones en una década
Los registros oficiales del MEF revelan que el agujero financiero dejado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público alcanzó USD 380 millones solamente durante 2025. Esta cifra forma parte de un déficit acumulado entre 2016 y 2025 que asciende a USD 1.683 millones, consolidando una tendencia preocupante para las finanzas públicas.
Las proyecciones gubernamentales advierten que, de no concretarse modificaciones estructurales en el corto plazo, el déficit del sistema previsional podría alcanzar USD 9.800 millones para la próxima década (2026-2035). Este escenario implicaría multiplicar por cinco las pérdidas actuales, comprometiendo severamente la sostenibilidad fiscal del Estado paraguayo.
La crisis responde a un problema estructural donde existe una asimetría considerable entre los ingresos por aportes de los trabajadores activos y los egresos destinados al pago de jubilaciones, una brecha que se amplía constantemente debido a las condiciones del esquema vigente.
Proyecto de reforma busca eliminar asimetrías en fuerzas públicas y docentes
Ante este panorama, el Poder Ejecutivo presentó formalmente ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para reformar el sistema previsional público. La propuesta apunta principalmente a corregir las asimetrías existentes, aumentando las exigencias a sectores que actualmente gozan de mayores beneficios para acceder a la jubilación, como las fuerzas públicas y el personal docente.
Entre los principales componentes del proyecto se establece una edad mínima para jubilarse que oscila entre 57 y 62 años, requisito que actualmente no existe para fuerzas públicas y docentes. Esta medida busca generar mayor sostenibilidad al sistema previsional.
El plan también propone ajustar los haberes jubilatorios en función al promedio de ingresos de los últimos cinco años de actividad laboral, eliminando la «equiparación» automática con el salario del personal activo que beneficiaba especialmente a las fuerzas públicas. Adicionalmente, contempla elevar los aportes de los cotizantes del 16% al 19% e incorporar un aporte estatal del 3%.
El MEF ha garantizado el respeto a los derechos adquiridos, aclarando que la reforma no afectará a quienes ya están jubilados ni a los aportantes que actualmente reúnen los requisitos para acceder a su pensión bajo el régimen vigente.
Debate nacional enfrenta oposición de sectores afectados
La iniciativa ha desencadenado un intenso debate nacional, con manifestaciones de rechazo por parte de varios sectores directamente afectados. Docentes, policías y militares han expresado su oposición a ciertos parámetros propuestos para el acceso a la jubilación, generando un clima de tensión política.
Desde la Comisión Permanente del Congreso confirmaron que continuarán esta semana las reuniones con los grupos afectados, con el objetivo de alcanzar un consenso sobre la reforma. Las autoridades legislativas enfatizaron que escucharán las propuestas de cada sector, pero mantienen una posición firme respecto a la necesidad impostergable de reformar la Caja.
Los especialistas coinciden en que el proyecto presentado por el Ejecutivo está bien orientado en líneas generales, aunque algunos sugieren que podría haberse aprovechado el contexto para incluir modificaciones adicionales. Se espera que de aprobarse estos cambios ya no se produzcan las «perforaciones» a la legislación previsional que fueron uno de los motivos que aceleraron el déficit tras la reforma anterior implementada en 2003.
Gasto público muestra incremento generalizado en múltiples rubros
El informe de Tesorería revela que al cierre del ejercicio fiscal 2025, las transferencias totales del Estado ascendieron a G. 64,05 billones, sin considerar la deuda flotante de G. 2,4 billones correspondiente a 2024. Este monto refleja un crecimiento interanual de 7,7%, explicado principalmente por el aumento en pagos de salarios, servicio de la deuda pública y las jubilaciones y pensiones.
El servicio de la deuda pública se posicionó como uno de los rubros de mayor expansión. Considerando todas las fuentes de financiamiento, estas transferencias alcanzaron G. 11,04 billones (USD 1.647 millones), lo que representa un incremento interanual de 20,2% frente a los G. 9,18 billones (USD 1.370 millones) desembolsados durante 2024. Este concepto representa el 17% del gasto total del Estado.
Un elemento preocupante en este análisis es que una porción cada vez mayor del pago de la deuda pública está siendo financiada con nuevos créditos públicos, configurando un esquema de refinanciamiento que algunos analistas caracterizan como «bicicleteo» en las finanzas estatales.
Necesidad de ampliar reforma a otros sistemas deficitarios
Los expertos señalan que la crisis no se limita exclusivamente a la Caja Fiscal, sino que se extiende a otros sistemas también deficitarios sobre los cuales ni siquiera existen datos consolidados. Entre estos se encuentran la Caja Municipal, la Caja Parlamentaria, la Ferroviaria y otras entidades del sector público.
En este contexto, la labor de la Superintendencia de Pensiones será fundamental para la estructuración integral del sistema previsional paraguayo. La reforma debería contemplar una visión holística que aborde no solamente la Caja del sector público central, sino también estos otros subsistemas que operan con sus propias reglas y que podrían estar acumulando pasivos contingentes significativos.
Congreso descarta aumento del IVA como alternativa de financiamiento
Ante las necesidades de financiamiento que plantea el sistema previsional, desde la Comisión Permanente del Congreso se descartó categóricamente la posibilidad de un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los legisladores consideran que esta medida no es aceptable como plan de sostenimiento de la reforma.
La postura del Legislativo refleja la complejidad política que rodea cualquier iniciativa de aumento de la presión tributaria en el país, especialmente cuando se vincula con un sistema que ha mostrado ineficiencias estructurales históricas. La búsqueda de consenso deberá concentrarse entonces en ajustes paramétricos dentro del propio sistema previsional, sin recurrir a incrementos impositivos que afecten a la población en general.
La próxima semana será crucial para el avance de las negociaciones, en un contexto donde la urgencia fiscal choca con las resistencias sectoriales y las consideraciones políticas de un año que se perfila como decisivo para el futuro de la seguridad social pública en Paraguay.
