El cierre del ejercicio fiscal 2025 evidencia una gestión presupuestaria con desafíos significativos. A solo un mes de finalizar el año, la Administración Central alcanzó una ejecución del 76% del Presupuesto General de la Nación, mientras sectores productivos denuncian una morosidad estatal que supera los USD 1.300 millones y compromete la continuidad de servicios esenciales.
Ejecución presupuestaria alcanza G. 60 billones con un mes pendiente para el cierre
Según el informe de Principales Indicadores Financieros de la Administración Central publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la ejecución acumulada a noviembre ascendió a G. 60 billones, equivalentes a aproximadamente USD 7.927 millones al tipo de cambio proyectado para este ejercicio fiscal. Esta cifra representa apenas el 76% del presupuesto vigente.
El Presupuesto General de la Nación de la Administración Central vigente al mes de noviembre es de G. 79 billones (USD 10.437 millones), lo que implica un incremento respecto al presupuesto inicialmente aprobado de G. 74,5 billones (USD 9.842,7 millones).
Seis ministerios concentran el 83,4% del gasto público ejecutado
Del total ejecutado, el 83,4% o G. 50 billones (USD 6.605,8 millones) fue utilizado por seis entidades del Gobierno central. El MEF lidera la ejecución con G. 21,6 billones, de los cuales el 75% (G. 16,3 billones) se destinó a la Caja Fiscal, además del pago de la deuda pública del país que a octubre asciende a USD 19.928 millones y representa el 41,1% del PIB.
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ocupó el segundo lugar con una ejecución de G. 9,5 billones, destinando el 65% (G. 6,1 billones) al financiamiento de servicios educativos del primer, segundo y tercer ciclo, además de la formación de jóvenes y adultos de 15 años y más.
En tercer lugar se ubicó el Ministerio de Salud Pública con G. 7,3 billones utilizados, de los cuales el 60,2% (G. 4,4 billones) se destinó a servicios de apoyo, diagnóstico y atención integral a la población con patologías especializadas, materno infantil y en general.
Salarios y jubilaciones lideran la estructura del gasto público
El reporte señala que el principal rubro del gasto público continúa siendo el pago de salarios, especialmente para el personal de salud, docentes y fuerzas públicas, incluyendo tanto a los agentes de la Policía Nacional como a los militares.
Otro componente importante del gasto está constituido por los desembolsos para jubilaciones y pensiones del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público o la Caja Fiscal, sumado a las transferencias a gobiernos subnacionales y el pago a adultos mayores.
Obras públicas y programas sociales marcan la agenda de inversión
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) registró un gasto total de G. 4,5 billones al mes de noviembre, de los cuales G. 3 billones (66%) se destinaron al Programa de Red Vial Pavimentada. Su ejecución se distribuyó principalmente para la ampliación y duplicación de las rutas PY02 y PY07, con G. 902.000 millones; la construcción de la ruta PY12 tramo Chaco’i-General Bruguez, con G. 325.000 millones; y al mejoramiento del tramo Cruce Centinela-Pozo Hondo, con G. 191.000 millones.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social ejecutó G. 3,9 billones, destinados mayormente a la Pensión Universal para Adultos Mayores con G. 2,6 billones; la provisión de alimentación escolar para Asunción, Central y Presidente Hayes en el marco del Programa Hambre Cero, con G. 654.000 millones; y para el Tekoporã Mbarete, con G. 501.000 millones.
El Ministerio del Interior completó la lista de principales ejecutores con G. 3,4 billones, destinando hasta el 91% (G. 3,1 billones) para la gestión de los recursos de la Policía Nacional.
Morosidad estatal supera los USD 1.300 millones y genera crisis en sectores productivos
Mientras la ejecución presupuestaria muestra estas cifras, organizaciones gremiales de la industria farmacéutica y de la construcción advierten sobre el alto nivel de deuda estatal que dificulta la ejecución de obras y la provisión de insumos médicos. Las deudas están distribuidas entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPB), el Instituto de Previsión Social (IPS) y contratistas de obras públicas del MOPC.
Los sectores atraviesan un escenario crítico debido a esta elevada morosidad. La mayor parte corresponde al Ministerio de Salud, con montos que oscilan entre USD 600 y USD 650 millones; al IPS, con USD 300 a USD 320 millones; y a las constructoras, entre USD 320 y USD 350 millones.
Sector farmacéutico enfrenta incertidumbre por falta de previsibilidad en pagos
El presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, explicó que tras el inventario de fines de octubre se constató que la deuda real del Ministerio de Salud con el sector ronda los USD 650 millones. Según García, el Ministerio se comprometió a abonar aproximadamente USD 72 millones entre noviembre y diciembre, cifra que se encuentra prácticamente cubierta.
«No hay previsibilidad en los pagos y eso genera una enorme incertidumbre», señaló García. Varias empresas se vieron obligadas a recurrir a entidades financieras para cumplir con compromisos de compra y enfrentar el aumento de tasas de interés. La falta de pagos afecta directamente la participación de las empresas en licitaciones y repercute en los costos de provisión de medicamentos.
Constructoras enfrentan deudas de USD 220 millones más USD 100 millones en intereses
La deuda del Estado con el sector de la construcción alcanza los USD 220 millones, incluyendo certificados de noviembre y diciembre, sin contar intereses por otros USD 100 millones. A pesar de un plan de pagos parcial, las empresas enfrentan dificultades para cumplir con proveedores y mantener la marcha de las obras.
El presupuesto aprobado para 2026 resulta insuficiente: se necesitan USD 800 millones para ejecutar las obras en curso, pero se asignaron USD 570 millones, lo que anticipa un déficit de financiamiento para el próximo ejercicio fiscal.
Sectores reclaman coordinación y previsibilidad para garantizar servicios esenciales
Ambos sectores coinciden en la necesidad de previsibilidad y coordinación entre el Gobierno y los gremios para evitar que la morosidad afecte la continuidad de obras y la provisión de insumos esenciales. La situación plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para honrar sus compromisos con proveedores mientras mantiene niveles de ejecución presupuestaria por debajo de lo esperado en el cierre del año fiscal.
