El recién publicado informe Inhabitable: Confronting Extreme Urban Heat in Latin America and the Caribbean advierte que las ciudades de la región están atravesando una transición climática y urbana que podría convertirse en una de las principales amenazas económicas del siglo XXI. El aumento sostenido de las temperaturas, combinado con patrones urbanos inapropiados, está erosionando la salud pública, la infraestructura, la fuerza laboral y, en consecuencia, la capacidad productiva de vastos conglomerados urbanos. Para países como Paraguay, con un proceso de urbanización acelerado y déficit estructural en vivienda e infraestructura, las implicancias son profundas.
Incremento de días de calor extremo: factor de estrés para trabajo e infraestructura
El informe proyecta que, con el avance del cambio climático y el agravamiento del fenómeno de “isla de calor urbano”, muchas ciudades latinoamericanas podrían enfrentar entre 66 y 116 días adicionales al año con temperaturas extremadamente altas hacia finales de este siglo.
Ese incremento implica un alza sostenida de la demanda energética (aire acondicionado, ventilación), pero también un estrés permanente sobre redes eléctricas, transporte, servicios públicos e infraestructura urbana — diseñada sin pensar en estos escenarios. Según el estudio, viviendas, escuelas, hospitales, caminos y sistemas de transporte fueron construidos bajo estándares térmicos obsoletos para las condiciones que se avecinan.
Para economías urbanas, esos días extra de calor representan una pérdida de eficiencia: reducción en horas trabajadas, menor rendimiento, mayor ausentismo, sobrecarga en infraestructura y servicios básicos. Esa combinación erosiona la competitividad, encarece costos de mantenimiento y vuelve más frágil la habitabilidad de las ciudades.
Salud, mortalidad y desigualdad: un costo humano — y económico — creciente
El informe estima que la mortalidad asociada al calor aumentó 140 % en las últimas dos décadas. En 2023, se registraron unas 48.000 muertes prematuras de personas mayores vinculadas al calor en la región.
Este tipo de mortalidad concentra sus impactos en grupos vulnerables: personas mayores, hogares de bajos ingresos, barrios densamente poblados, con escasa vegetación, viviendas mal aisladas y sin medios de enfriamiento adecuados. Esa situación no solo representa una tragedia social, sino que también implica un fuerte impacto sobre costos de salud, pérdida de capital humano, aumento de la informalidad laboral y deterioro del bienestar colectivo — factores que reducen la productividad nacional y elevan los costos del Estado.
Pérdidas en el PIB urbano: un freno al crecimiento económico de las ciudades
Uno de los hallazgos más relevantes para economistas y planificadores urbanos es que el calor urbano extremo puede traducirse en pérdidas significativas del valor económico generado por las ciudades. El informe advierte que —sin intervenciones de adaptación— muchas urbes podrían ver reducir su Producto Interno Bruto (PIB) urbano hasta en un 5 % o más en las próximas décadas.
Para centros urbanos medianos o grandes en países como Paraguay, esta caída representaría una carga adicional en un contexto ya restringido: menor productividad, fuga de inversiones, encarecimiento de los costos operativos de empresas, presión sobre servicios públicos y un freno real al desarrollo urbano sostenible.
Paraguay bajo la lupa: vulnerabilidades estructurales y necesidad de acción
Aunque el informe no desagrega cifras específicas para cada país, sus conclusiones generales se aplican de lleno a Paraguay. En las principales ciudades paraguayas —conurbaciones como Asunción y su área metropolitana— coinciden varios de los factores de riesgo: crecimiento urbano desordenado, viviendas de calidad limitada, déficit de espacios verdes, alta informalidad laboral, y dependencia de infraestructura poco resiliente. Esa combinación incrementa la exposición de amplios sectores sociales al calor extremo, con las consecuencias económicas ya descritas.
Medios locales ya advierten que para Paraguay el calor extremo podría representar “un alto costo” económico, al afectar producción, costos sanitarios e infraestructura urbana.
Si no se adoptan políticas de adaptación —urbanísticas, de salud pública, de vivienda, de protección laboral— el país puede enfrentar una prolongada merma en su desempeño económico, un aumento de gasto público y un deterioro en la calidad de vida urbana.
Caminos para mitigar el riesgo: adaptación, inversión y resiliencia climática
El informe del Banco Mundial propone un enfoque estructurado: no se trata de reaccionar solo ante olas de calor, sino de reconfigurar las ciudades para convivir con nuevas realidades térmicas. Entre las medidas clave:
- – Rediseñar espacios urbanos con criterios de enfriamiento: más áreas verdes, corredores arbolados, techos reflectantes o verdes, mejoras en ventilación natural.
- – Adaptar viviendas e infraestructura pública: mejorar aislamiento térmico, modernizar redes eléctricas y de agua, proyectar transporte, escuelas y hospitales resistentes a temperaturas extremas.
- – Políticas de protección laboral y social: reglamentar horarios, proteger a trabajadores expuestos al calor (construcción, transporte, trabajos informales), sistemas de alerta, servicios de salud adaptados.
- – Integrar la resiliencia térmica como política de Estado: planificación urbana con visión climática, movilización de inversiones públicas y privadas, priorización de zonas vulnerables.
Para Paraguay, esas medidas representan una oportunidad: transformar vulnerabilidades en empleos dignos (infraestructura, urbanismo, mantenimiento), mejorar la salud pública, preservar capital humano y proteger la economía urbana de choques futuros.
El calor como variable económica clave del desarrollo urbano
El calor extremo ya no es una externalidad marginal ni un problema exclusivamente ambiental: se está consolidando como una variable estructural del desarrollo económico urbano. Para América Latina y el Caribe —y en particular para Paraguay— el desafío no es menor: implica repensar la ciudad, su infraestructura, su economía, su salud pública, su planificación y su modelo de desarrollo. Si se actúa con anticipación, inversión y políticas de adaptación, se puede proteger la productividad, la calidad de vida y la sostenibilidad urbana. Si no, el costo no será solo social, sino económico y generacional.
