El Congreso estadounidense ha dado luz verde a un paquete de medidas regulatorias que, en la práctica, prohíben la comercialización de la gran mayoría de los productos derivados del cáñamo con contenido de tetrahidrocannabinol (THC), poniendo en jaque una industria valorada en al menos US$28.000 millones y comprometiendo cientos de miles de empleos vinculados al sector. La decisión, incluida en el proyecto de ley de financiación aprobado la semana pasada para poner fin al cierre gubernamental más extenso de la historia reciente del país, marca un giro drástico en la política federal sobre el cannabis y reabre un debate que parecía cerrado desde la legalización del cáñamo industrial en 2018.
Restricciones federales redefinen el mercado del cáñamo
Las nuevas disposiciones establecen límites estrictos para los productos de cáñamo: quedan prohibidos aquellos que contengan más de 0,4 miligramos de THC total por envase, un umbral prácticamente imposible de cumplir para la mayoría de las gomitas, bebidas infusionadas, cremas tópicas y vaporizadores actualmente en circulación. Para contextualizar la magnitud de esta limitación, una sola gomita de cáñamo comercializada en el mercado estadounidense contiene típicamente entre 2,5 y 10 miligramos de THC, muy por encima del nuevo límite permitido.
La medida redefine además el concepto de cáñamo legal como aquella variedad de Cannabis sativa que contenga menos de 0,3% de THC total, incluyendo no solo el delta-9 THC —el componente psicoactivo clásico—, sino también isómeros como delta-8, delta-10, THCA y cualquier otro compuesto con efectos similares. Esta ampliación del espectro regulado cierra definitivamente lo que el liderazgo republicano en el Senado ha calificado como «vacíos legales» explotados por la industria desde la aprobación de la Ley Agrícola de 2018.
Según estimaciones de The U.S. Hemp Roundtable, coalición que agrupa a organizaciones y empresas del sector, las nuevas restricciones eliminarían más del 95% de todos los productos de extracto de cáñamo actualmente en el mercado. «Aunque decepcionada, la industria del cáñamo no se da por vencida», señaló la organización en un comunicado, manifestando su intención de «ayudar al gobierno federal a comprender cómo regular el cáñamo y proteger a los estadounidenses, en lugar de prohibirlo».
Impacto económico y laboral de magnitud
La aprobación de estas restricciones se produce en un momento crítico para el mercado estadounidense del cannabis, considerado estratégico a nivel mundial para ingredientes, extractos y productos terminados. Según datos de Statista, los ingresos del mercado del cannabis en Estados Unidos alcanzarían US$46.990 millones en 2025, con proyecciones de crecimiento a una tasa anual compuesta del 3,36% hasta 2030, cuando se espera que lleguen a US$55.430 millones.
La firma de investigación Whitney Economics advierte que más de 300.000 empleos vinculados a la economía del cáñamo están en riesgo, desde agricultores y extractores hasta fabricantes, empresas de logística y minoristas. Además, The U.S. Hemp Roundtable calcula que más de US$1.500 millones en ingresos fiscales estatales anuales podrían verse comprometidos si la disposición se implementa según lo previsto.
Los analistas señalan que esta restricción «invalidaría a la mayoría de los productos y generaría una contracción inmediata de la demanda global y presión a la baja sobre los precios». Para estados como Kentucky, cuna histórica del cultivo de cáñamo, el impacto podría ser devastador: muchos agricultores que apostaron por este cultivo en los últimos cinco años enfrentan ahora el colapso total de su inversión, en un contexto ya complejo de caída de precios agrícolas y reducción de exportaciones.
Trasfondo político y apoyo presidencial
La medida fue impulsada por el liderazgo republicano en el Senado y cuenta con el respaldo explícito del presidente Donald Trump, quien reafirmó su apoyo a la «nueva definición de cáñamo legal». Paradójicamente, fue durante el primer mandato de Trump, en 2018, cuando el Congreso federal legalizó en todo el país la venta y producción del cáñamo, abriendo la puerta a centenares de negocios especializados en la comercialización de artículos con THC, desde gomitas hasta cigarrillos electrónicos y bebidas.
El senador Mitch McConnell, histórico defensor de la legalización del cáñamo en 2018 y ahora uno de sus mayores críticos, ha justificado el cambio de postura argumentando que los productores «explotaron un vacío legal» al vender cannabinoides psicoactivos como el delta-8 THC bajo la etiqueta de cáñamo, burlando así las regulaciones estatales sobre cannabis. «Esta nueva definición protege a los niños de productos peligrosos y mantiene la integridad del cáñamo agrícola», aseguró el líder republicano.
El senador Rand Paul intentó eliminar esta disposición mediante una enmienda para proteger a los productores, pero su propuesta fue rechazada por una amplia mayoría: 76 votos contra 24. «Mi enmienda buscaba evitar que se destruyera una industria entera», declaró Paul. «La ley, tal como está redactada, ignora la voluntad de los usuarios y destruye el sustento de miles de granjas y pequeños comercios».
Contexto regulatorio: el vacío legal de 2018
La Ley Agrícola de 2018 había legalizado el cáñamo a nivel federal, pero su redacción, considerada «muy general», solo regulaba el contenido de delta-9 THC. Esta omisión permitió que laboratorios y empresas sintetizaran isómeros psicoactivos del THC, como el delta-8, a partir de cannabidiol (CBD), vendiéndolos libremente en gasolineras, tiendas online y establecimientos minoristas sin controles sanitarios rigurosos.
Desde entonces, se abrieron centenares de negocios en todo el país especializados en la venta de artículos de THC, siendo común encontrar gomitas, vaporizadores y bebidas de esta sustancia en gasolineras y licoreras. Este crecimiento explosivo generó alarma entre fiscales generales de más de veinte estados, quienes solicitaron al Congreso medidas urgentes para controlar el mercado de cannabinoides sintéticos y derivados de cáñamo, argumentando que el vacío regulatorio había permitido la comercialización masiva de artículos que, en muchos casos, alcanzaban a menores o eludían el control sanitario.
Debate técnico sobre cannabinoides y efectividad terapéutica
Los actores de la industria enfatizan la importancia de establecer distinciones regulatorias claras entre los productos de CBD de espectro completo —que contienen solo niveles mínimos y no psicoactivos de THC— y los productos de THC derivados del cáñamo que pueden tener propiedades psicoactivas. Según expertos en cannabinoides, la presencia de pequeñas trazas de THC se considera necesaria para potenciar la eficacia del CBD y otros cannabinoides menores a través del llamado «efecto séquito» o efecto sinérgico de diferentes compuestos del cannabis.
Los ejecutivos del sector advierten que no diferenciar el CBD terapéutico de los compuestos psicoactivos del cáñamo podría resultar en prohibiciones amplias que afecten negativamente a los consumidores, a las empresas legítimas y al comercio internacional. «Nuestra industria está siendo usada como moneda de cambio política», denunció Jonathan Miller, asesor legal de The U.S. Hemp Roundtable. «Recriminalizar el cáñamo no solo cerrará miles de negocios, también afectará a millones de usuarios que usan cannabinoides no psicoactivos para dormir, relajarse o aliviar el dolor».
Fractura interna en la industria cannábica
La nueva normativa ha expuesto una fractura interna significativa en la industria cannábica estadounidense. Mientras los productores de cáñamo denuncian persecución, varios actores del mercado de cannabis regulado celebran la medida, argumentando que los productos psicoactivos de cáñamo compiten de forma desleal al venderse sin impuestos ni controles sanitarios, y que su eliminación nivelará el terreno comercial.
«El sector regulado podrá volver a operar sin tener que competir contra vendedores ilegales disfrazados de empresarios del cáñamo», declaró Trent Wolobeck, director de estrategia de la compañía Jushi Holdings. Esta postura es compartida por importantes grupos de la industria del alcohol, como la American Distilled Spirits Alliance, el Beer Institute y el Wine Institute, que enviaron una carta conjunta al Senado apoyando la prohibición con el argumento de que los productos de cáñamo con THC compiten directamente con bebidas alcohólicas y carecen de los mismos estándares regulatorios.
Empresas de la industria alimentaria como Coca-Cola, Kraft Heinz y Nestlé también habrían ejercido presión para endurecer la ley, alegando preocupaciones sobre «seguridad del usuario y cumplimiento normativo».
Período de gracia y proceso de implementación
Aunque la medida se considera uno de los cambios más drásticos a la política antidrogas en Estados Unidos en los últimos tiempos, no aplicará de inmediato. Se ha establecido un período de gracia de un año para su aplicación, durante el cual fabricantes, laboratorios de transformación y comercios minoristas deberán adecuar la formulación de sus productos o retirarlos de la oferta.
La medida también concede a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) un plazo de noventa días para publicar una lista de cannabinoides naturales y sintéticos afectados, así como una definición clara de «envase». Después del período de transición, productos como gomitas y bebidas que superen los límites establecidos de THC serán prohibidos a nivel federal.
Los analistas del sector subrayan que, aunque la disposición deja una «ventana» de un año, ese plazo podría servir tanto para adaptarse como para debatir un marco regulatorio alternativo. El senador Rand Paul ya adelantó que presentará una alternativa legislativa: el HEMP Act, una ley que elevaría el límite de THC permitido en el cáñamo y establecería controles modernos sin prohibir cannabinoides naturales. Sin embargo, el clima político actual no parece favorable para esta propuesta.
Alcance de productos afectados
El alcance de la medida incluye todas las presentaciones comestibles, tópicas o líquidos con contenido de THC superior a 0,4 mg por envase. Entre los artículos en riesgo de ser retirados del mercado destacan gomitas y caramelos con cannabinoides, bebidas infusionadas con derivados de THC, cremas y productos tópicos de acción localizada, barras energéticas, suplementos o snacks con cáñamo, y vaporizadores y dispositivos para administración de cannabinoides.
Es importante señalar que la norma no afecta el cultivo de cáñamo industrial para fibra, semilla o productos no intoxicantes, pero transformará radicalmente el panorama para los productos de consumo que hasta ahora operaban en una zona gris de la normativa federal.
Repercusiones en Latinoamérica
Las nuevas restricciones al cáñamo no solo frenarían la industria del cannabis estadounidense, sino que también tendrían eco en otras regiones como Latinoamérica, que reciben productos terminados del mercado estadounidense. Ante la falta de claridad sobre las cifras de exportación de cáñamo en Latinoamérica, resulta difícil determinar cuál sería el impacto económico exacto de las determinaciones de Estados Unidos que afectan indirectamente el mercado regional.
Sin embargo, dado que el mercado estadounidense es considerado estratégico para ingredientes, extractos y productos terminados derivados del cáñamo, cualquier contracción significativa de la demanda en Estados Unidos podría generar efectos en cadena sobre los proveedores latinoamericanos y presión a la baja sobre los precios internacionales.
Escenarios futuros y debate pendiente
La inclusión de la medida dentro del plan de gasto federal que busca reabrir el gobierno ha generado aún más controversia. Rand Paul denunció que la industria del cáñamo fue usada como «rehén legislativo» en las negociaciones entre republicanos y demócratas para destrabar el presupuesto.
Aunque el Senado aprobó el texto con amplio consenso bipartidista, el proyecto aún debe pasar por la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio de Trump para su firma definitiva. Si se aprueba en su forma actual, redibujará el mapa de la industria cannábica estadounidense, separando definitivamente el destino del cáñamo del cannabis regulado.
«La ironía», señalan algunos analistas, «es que el mismo gobierno que legalizó el cáñamo en 2018 podría ser el que lo haga desaparecer en 2025». A siete años de la «revolución verde» que permitió cultivar cáñamo en casi todo el país, Estados Unidos podría estar a punto de desmantelar una industria que generó miles de empleos rurales y nuevos modelos de negocio.
El proyecto del Senado marca un giro conservador que mezcla consideraciones morales, económicas y políticas: proteger a los productores tradicionales de cannabis y alcohol, cerrar la brecha legal del delta-8 y, al mismo tiempo, dar una señal de orden federal tras meses de caos legislativo. Para los agricultores que apostaron por el cáñamo como alternativa sostenible, la noticia se siente como una traición. «Nos vendieron un sueño de libertad agrícola», expresó un productor de Tennessee, «y ahora nos lo arrebatan en nombre del orden».
La National Cannabis Industry Association (NCIA) declaró que la inclusión de esta medida «subraya el enfoque fragmentado e insostenible que el gobierno federal está adoptando con el cannabis» y abogó por una reforma integral que trate al cáñamo y la marihuana como «una sola planta». La industria del cáñamo en Estados Unidos enfrenta así una incertidumbre sin precedentes, mientras consumidores, productores y legisladores aguardan los próximos movimientos en un debate que promete extenderse durante los próximos meses.
