El presidente argentino Javier Milei prepara una modificación sustancial de la legislación que protege los glaciares andinos, una medida que busca desbloquear inversiones mineras estimadas en decenas de miles de millones de dólares y posicionar al país como proveedor mundial de cobre y litio. La iniciativa, que podría tramitarse vía legislativa o mediante decreto presidencial, genera expectativas en la industria extractiva pero también interrogantes sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
El cuello de botella normativo que frena proyectos multimillonarios
La Ley de Protección de Glaciares, aprobada en 2010 y nunca completamente reglamentada, se ha convertido en el principal obstáculo regulatorio para megaproyectos mineros en Argentina. Entre las iniciativas afectadas destaca El Pachón, de Glencore Plc, valorado en 9.500 millones de dólares, así como Vicuña, una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining Corp. Estos proyectos enfrentan restricciones vinculadas a glaciares rocosos y plataformas de hielo que pueden contribuir al suministro de agua dulce de las cuencas fluviales.
El inventario federal publicado en 2018 identificó 16.000 formaciones de hielo diferentes en los Andes argentinos, muchas concentradas en San Juan, provincia minera estratégica. La industria cuestiona la amplitud de este catastro y sostiene que la definición legal de glaciares rocosos resulta imprecisa, clasificando como tales a formaciones que no deberían considerarse glaciales.
Juan Donicelli, alto ejecutivo argentino de Glencore, sintetizó el dilema empresarial durante una conferencia en Buenos Aires: «Sin el RIGI, estos proyectos no habrían sido posibles. Las condiciones macroeconómicas están ahí. Ahora hay cuestiones pendientes que las autoridades nacionales y provinciales conocen bien».
Dos caminos jurídicos: decreto presidencial o ley del Congreso
Según fuentes oficiales, el gobierno evalúa dos alternativas para concretar la reforma. La primera opción consiste en emitir un decreto reglamentario que modifique la ley vigente y amplíe la actividad económica en áreas periglaciares, para que posteriormente las legislaturas provinciales adopten esos lineamientos. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene la misión de redactar este instrumento, que luego sería validado por Economía.
La segunda vía, considerada más sólida jurídicamente por los actores del sector, implica tramitar una ley aclaratoria en el Congreso Nacional. Esta alternativa brindaría mayor blindaje legal a las inversiones, especialmente relevante para proyectos que oscilan entre 3.000 y 15.000 millones de dólares. Tras la victoria oficialista en las elecciones intermedias de octubre, Milei contará con una posición reforzada para reunir mayorías en ambas cámaras cuando los nuevos legisladores asuman el 10 de diciembre.
El mandatario expresó su posición con contundencia: «Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Eso será muy importante para la economía».
Existe una tercera alternativa, casi descartada, que consistiría en una intervención de la Corte Suprema de Justicia para promover un acuerdo vinculante entre la Nación, las provincias y los actores afectados. Sin embargo, los especialistas consideran improbable que los ministros adopten este rol protagónico antes de una definición parlamentaria.
El contexto internacional y la demanda creciente de cobre
La reforma se inscribe en una coyuntura global favorable para Argentina. La demanda mundial de cobre continúa en ascenso debido a su rol crítico en procesos de electrificación, infraestructura y transición energética. El anuncio del gobierno sobre un acuerdo comercial con Estados Unidos refuerza las expectativas de que el país sudamericano pueda convertirse en un proveedor significativo de minerales estratégicos.
El régimen de incentivos RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), que ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, ya otorga garantías a las empresas mineras que buscan extraer cobre y litio. Sin embargo, la persistencia de las restricciones glaciales neutraliza parcialmente estos incentivos, generando incertidumbre sobre la viabilidad de los proyectos.
Los antecedentes de reforma no son nuevos. Mauricio Macri consideró modificar la ley entre 2015 y 2019 como parte de su estrategia para atraer inversiones. El propio Milei incluyó cambios en borradores iniciales de su legislación emblemática de reforma, aunque estos artículos fueron eliminados de la versión finalmente aprobada.
Casos emblemáticos: de El Pachón a Los Azules
El Pachón, ubicado en la provincia de San Juan, ha intentado que se desclasifique un glaciar rocoso para avanzar con su desarrollo. La provincia acordó en 2023 eliminarlo de una lista provincial, pero Glencore continúa gestionando su exclusión del inventario federal. En la última década, cuando el proyecto pertenecía a una empresa posteriormente adquirida por Glencore, enfrentó una denuncia internacional por parte de una ONG local por sus supuestos impactos en la red glaciar, caso que se cerró sin decisión vinculante.
Barrick Gold Corp. abandonó hace años un proyecto de oro y plata en la frontera con Chile, en parte debido a disputas sobre su impacto en masas de hielo. Los Azules, de McEwen Copper Inc., también en San Juan, enfrenta la presencia de más de 150 glaciares rocosos en sus terrenos, incluido uno junto a un pantano que limitará el alcance de su mina a cielo abierto y podría complicar planes de expansión futura.
Por su parte, Vicuña manifestó en septiembre confianza en la capacidad de la provincia de San Juan para sortear la legislación federal. José Luis Morea, director nacional senior de Vicuña para Argentina y Chile, afirmó: «Creemos que nuestra exposición y las amenazas son muy limitadas. Estamos en una posición más sólida que quizás otros proyectos».
La posición de las provincias mineras y el debate federal
Las provincias andinas, especialmente San Juan que concentra seis de los diez grandes proyectos cupríferos del país, reclaman desde hace meses claridad sobre las competencias regulatorias. El gobernador Marcelo Orrego insiste en que la autoridad de aplicación debe ser provincial para agilizar las inversiones.
Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, subrayó en la cumbre LATAM & Argentina Critical Minerals Summit que los minerales críticos representan una oportunidad histórica, pero advirtió que el potencial geológico argentino solo se transformará en riqueza con una gobernanza coordinada entre las provincias andinas.
Provincias mineras, empresas y sindicatos se comprometen a facilitar la participación de expertos, científicos, investigadores y trabajadores en eventuales reuniones de comisión o debates parlamentarios, con el objetivo de presentar realidades concretas, despejar dudas sobre la actividad extractiva y corregir percepciones erróneas sobre la minería.
Ley de Humedales: otra incertidumbre pendiente
Paralelamente a la discusión glaciar, la industria minera observa con atención los alcances de una eventual Ley de Humedales, particularmente relevante para la extracción de litio en los salares de la Puna. Esta normativa, que lleva una década de debate parlamentario y obtuvo media sanción del Senado en dos ocasiones, busca establecer presupuestos mínimos para la protección de ecosistemas que incluyen salares.
Aunque la ley no está vigente, las empresas la perciben como una potencial amenaza al desarrollo minero en una región estratégica para la producción de litio, mineral crítico para la fabricación de baterías y la transición energética global.
Calendario político y sesiones extraordinarias
Según fuentes oficiales consultadas, el tratamiento de una «solución definitiva» para la cuestión glaciar se trasladó a 2026, aunque las gestiones para concretarla se activarán a partir del 10 de diciembre con el recambio legislativo. El gobierno evalúa presentar la normativa en sesiones extraordinarias del Congreso, que podría contar con dos períodos habilitados en verano: diciembre y febrero.
Una parte del gabinete nacional impulsa que la eventual ley complementaria establezca precisión científica, delimite competencias de manera inequívoca y brinde estabilidad jurídica de largo plazo. Los tiempos políticos definirán finalmente el instrumento elegido, pero la necesidad de claridad normativa resulta urgente tanto para el gobierno como para los actores empresariales.
El dilema entre desarrollo y protección ambiental
La discusión sobre la Ley de Glaciares dejó de ser un debate técnico para convertirse en un punto de inflexión para el futuro de la minería de cobre, litio y minerales críticos en Argentina. Ningún actor del sector cuestiona abiertamente la necesidad de proteger el ambiente glaciar. El conflicto radica en la falta de definiciones claras, la superposición de competencias jurisdiccionales y la imposibilidad de ejecutar inversiones multimillonarias sin un marco jurídico estable y predecible.
La Cámara Argentina de Minería sostiene que la ley requiere «ciertas aclaraciones» y argumenta que una zona periglacial puede impactar el desarrollo de la mayoría de los grandes proyectos de cobre del país. Un portavoz de Glencore reiteró esta posición por correo electrónico.
Bajo el mandato de Milei, las cuestiones ambientales en Argentina se han replanteado como parte del enfoque gubernamental para revertir una economía históricamente propensa a las crisis, principalmente mediante la explotación de recursos naturales. Esta estrategia genera adhesiones en sectores empresariales y productivos, pero también preocupaciones en organizaciones ambientalistas sobre el eventual debilitamiento de protecciones ecológicas.
El desenlace de este proceso normativo determinará no solo la viabilidad de proyectos mineros por decenas de miles de millones de dólares, sino también el equilibrio que Argentina logrará establecer entre la urgencia del desarrollo económico y la preservación de ecosistemas glaciares vitales para el suministro hídrico de vastas regiones del país.
