El Estado paraguayo mantiene una creciente deuda con empresas constructoras que supera los USD 355 millones, incluyendo USD 110 millones en intereses acumulados desde el gobierno anterior. La situación, que ha generado alarma en los principales gremios del sector, pone en riesgo la continuidad de las obras públicas, el empleo de miles de trabajadores y la confianza en los contratos estatales.
Gremios se reúnen en el Senado para exigir soluciones
Los principales gremios de la construcción se reunieron con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, la ministra del MOPC, Claudia Centurión, y miembros de la Comisión de Obras Públicas en el Senado. Durante el encuentro, la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) expusieron la crítica situación financiera que enfrentan las empresas del sector.
Entre las alternativas planteadas, los gremios solicitaron que se establezca un calendario de pagos claro y previsible, que el Estado reconozca los gastos financieros generados por los atrasos, y que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervenga para evitar que las empresas sean recalificadas negativamente por los bancos debido a los retrasos en los pagos.
«Nos afecta mucho que los bancos te cortan el crédito, te aumentan las tasas y así como de repente se hace con el sector agrícola cuando hay época de sequía, esperamos medidas especiales. Nosotros que la falta de pago es como una falta de agua para el agrícola», señalaron desde el sector.
Cifras que alarman: de USD 210 millones a USD 320 millones con intereses
Según el presidente de Capaco, ingeniero José Luis Heisecke, al «hilar fino», la deuda alcanza aproximadamente USD 210 millones tras el ingreso de los certificados de obras correspondientes al mes de octubre. Si bien la semana pasada el Ministerio de Economía y Finanzas abonó unos USD 30 millones, la deuda anterior al décimo mes del año se mantenía en USD 160 millones.
La situación se agrava considerablemente al incluir los intereses acumulados. Según los cálculos del sector, el monto total que el Estado debe abonar asciende a USD 320 millones. Estos intereses, que suman USD 110 millones, se vienen arrastrando desde el gobierno anterior y representan un componente crítico del problema financiero.
El ingeniero Heisecke explicó que, en promedio, ingresan al MOPC cada mes unos USD 60 millones en certificados de obras, por lo que el nivel de deuda se mantiene sistemáticamente cercano a los USD 200 millones. La proyección para el inicio del 2026 es aún más preocupante: el Estado estaría arrancando el año con una deuda de USD 300 millones con el sector.
La buena fe contractual en entredicho
«Más allá de los números y los tecnicismos, lo que está en juego para nosotros es la buena fe. Un contrato que se firma y que luego se desconoce no es un problema contable; es una cuestión de confianza. La buena fe es la base de la confianza humana, social y económica. Sin confianza, no hay inversión. El Estado debe ser el primero en honrar su palabra y cumplir sus compromisos», afirmó Heisecke, quien advirtió que la situación financiera de las empresas asociadas «está en un nivel crítico, en algunos casos al borde de la quiebra».
El presidente de Capaco fue enfático al señalar que son cuatro años de retrasos acumulados. «Cumplimos con las obras, están terminadas y con recepción definitiva, pero no se pagan los intereses. Hasta que eso no ocurra, las empresas van a seguir rengas. Si se sigue demorando, se pondrá en riesgo la calidad, los plazos y la continuidad de los proyectos», advirtió.
Los gremios recordaron que los intereses no surgieron arbitrariamente, sino que se acumularon precisamente por la falta de pago en tiempo y forma, un mecanismo previsto en los contratos. Estos intereses hoy ahogan especialmente a las empresas medianas y pequeñas, que han debido financiar las obras con recursos propios o créditos de alto costo.
Efecto dominó: proveedores e industriales también afectados
La Cámara Paraguaya de Distribuidores de Materiales de Construcción (Cadimaco), presidida por el ingeniero Luis Lavigne, manifestó su profunda preocupación por la ausencia de información oficial respecto al calendario de regularización de los pagos atrasados.
En un comunicado, el gremio advirtió que la falta de pago a las empresas contratistas repercute de manera inmediata en los distribuidores de materiales, los proveedores industriales y de servicios, así como en el empleo de miles de trabajadores, generando un efecto dominó en toda la cadena productiva del sector.
Insuficiencia presupuestaria para 2026
Otra preocupación expresada por los gremios es que los USD 500 millones que prevé Obras Públicas para inversiones en infraestructura en el Presupuesto 2026 no serán suficientes para mantener el impulso del sector ni para garantizar la continuidad de las obras públicas estratégicas del país.
Los representantes del sector reclamaron la inclusión en el Presupuesto General de la Nación 2026 de los recursos necesarios para garantizar no solo la continuidad de las obras públicas sino también la protección del empleo.
La posición del Ministerio de Economía: discrepancias en las cifras
El ministro Carlos Fernández Valdovinos presentó una versión diferente de las cifras. Según el titular del MEF, la semana pasada se transfirieron unos USD 40 millones de la deuda pendiente, quedando solo USD 25 millones como pendiente de pago inmediato.
Teniendo en cuenta que el reclamo del sector supera los USD 355 millones, Fernández aclaró que se necesita de un proceso administrativo para que sea efectivo todo lo reclamado como deuda. «La deuda que estaba con el proceso concluido era alrededor de USD 65 millones. No desconocemos lo otro que en algún momento va a ser deuda pero en este momento lo que tenemos para pagar es USD 65 millones de los cuales ya se pagaron USD 40 millones y quedan USD 25 millones, el resto vamos a seguir pagando en los siguientes meses», afirmó Fernández.
Esta diferencia significativa en las cifras —USD 355 millones reclamados por el sector versus USD 65 millones reconocidos por el MEF— evidencia una brecha importante en la cuantificación del problema y en los criterios de validación de los certificados de obra.
Un problema que excede al sector de la construcción
Las deudas pendientes del gobierno con proveedoras e instituciones siguen acumulándose y ya superan los USD 1.250 millones. El ministro Fernández responsabilizó en parte a los ministerios del Poder Ejecutivo que reciben los recursos del fisco por la gestión de prioridades para pagos a los proveedores y afirmó estar sorprendido por los significativos montos que se vienen acumulando.
Las farmacéuticas reclaman alrededor de USD 600 millones (incluyendo las deudas de Salud e IPS). Las proveedoras de alimentos para el Programa Hambre Cero reclaman atrasos en pagos por alrededor de USD 180 millones. A ello se suma lo adeudado a la ANDE por parte de instituciones públicas por cerca de USD 110 millones, y subsidio pendiente a transportistas por valor de USD 11 millones. Este monto no incluye la deuda pendiente por aporte estatal al IPS.
«Nosotros no solo estamos viendo o gestionando esas deudas, sino que queremos saber cómo es que se ha generado de momento, montos tan significativos», expresó Fernández, quien cuestionó el hecho de que se haya generado un monto de deuda tan significativo.
El ministro afirmó que muchas de estas deudas no fueron originadas en este gobierno, pero que estarán analizando cada situación. «Toda deuda que está verificada se va a pagar, no se discute eso», aseguró.
Riesgo para el plan de convergencia fiscal
Analistas económicos opinan que estas cuentas deben ser honradas en tiempo para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas y la credibilidad del Estado. No obstante, incluirlas ahora podría significar un riesgo en el cumplimiento del plan de convergencia del déficit fiscal.
La situación recuerda a lo ocurrido cuando asumió este gobierno, cuando fue necesario extender el plazo para el cumplimiento del déficit debido a un préstamo de USD 600 millones que hizo el Estado para pagar compromisos pendientes heredados del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Precedente histórico roto
Heisecke enfatizó un dato particularmente significativo: «Desde 2003, todos los gobiernos han cumplido con el pago de intereses; este no puede ser la excepción. La coherencia y el cumplimiento son la mejor carta de presentación de un gobierno».
Esta ruptura de un precedente de más de dos décadas genera una señal preocupante para el sector de la construcción y para la confianza en los contratos públicos en general.
Próximos pasos y panorama preocupante
Al cierre de la reunión en el Senado, se acordó realizar un nuevo encuentro de trabajo en los próximos días para dar seguimiento a las propuestas presentadas. Asimismo, el ministro Fernández anunció que esta semana se reunirán con los representantes de Salud para revisar los montos reclamados por las farmacéuticas.
La Capaco reiteró su compromiso con el desarrollo nacional y agradeció a los senadores por el espacio de diálogo, enfatizando que la previsibilidad, el respeto a los contratos y el pago de los intereses son condiciones indispensables para mantener la inversión, el empleo y la ejecución de las obras estratégicas del país.
La resolución de esta crisis financiera se presenta como uno de los desafíos más urgentes para la gestión económica del gobierno, con implicancias que trascienden lo meramente contable para tocar aspectos fundamentales como la confianza institucional, la viabilidad empresarial de cientos de compañías y el futuro de la infraestructura nacional.
