El Poder Ejecutivo implementó una nueva serie de modificaciones presupuestarias que reflejan las crecientes presiones fiscales del Estado paraguayo, particularmente en el sistema de pensiones y la infraestructura pública. Los ajustes revelan los desafíos estructurales que enfrenta la administración para mantener el equilibrio entre las necesidades operativas y la disciplina fiscal comprometida.
Jubilaciones policiales demandan USD 15,2 millones adicionales
El componente más significativo de las modificaciones corresponde al Decreto 4843, que establece un aumento de G. 115.332 millones (aproximadamente USD 15,2 millones) destinados exclusivamente al pago de jubilaciones y pensiones de la Policía Nacional. Esta ampliación evidencia la creciente presión que ejerce la Caja Fiscal sobre las finanzas públicas, sistema que atraviesa por un saldo negativo en expansión y obliga al Tesoro Nacional a destinar mayores recursos para cumplir con las obligaciones previsionales.
Esta no constituye la primera intervención del Ejecutivo para cubrir el déficit del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público. La situación estructural de la Caja Fiscal representa uno de los principales desafíos fiscales de mediano plazo para el país, requiriendo inyecciones periódicas de recursos para mantener los pagos corrientes a los beneficiarios.
Obras Públicas recibe G. 68.500 millones para infraestructura y servicios
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se posiciona como el segundo mayor beneficiario de las modificaciones presupuestarias. Los decretos 4844 y 4852 amplían el presupuesto de esta cartera en G. 12.500 millones y G. 56.000 millones respectivamente, totalizando G. 68.500 millones destinados al pago de servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, adquisición de insumos y ejecución de obras públicas.
Esta asignación refleja la prioridad gubernamental de mantener el impulso en la inversión en infraestructura, sector considerado estratégico para el desarrollo económico nacional y la mejora de la competitividad del país.
Salud obtiene recursos para mantenimiento hospitalario y ampliaciones
El sector sanitario también resulta favorecido con las modificaciones aprobadas. Los decretos 4841 y 4842 prevén aumentos para el Ministerio de Salud por G. 8.944 millones (USD 1,1 millones) y G. 2.030 millones (USD 0,27 millones) respectivamente. Estos recursos se destinarán al mantenimiento de hospitales, servicios de limpieza, transferencias a consejos regionales de salud y obras de ampliación en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu.
La asignación subraya la necesidad permanente de sostener la infraestructura sanitaria del país y mejorar las condiciones de atención en los centros hospitalarios públicos, que enfrentan demandas crecientes de la población.
Redistribuciones presupuestarias alcanzan a 17 instituciones
Además de los aumentos directos, el Gobierno autorizó reprogramaciones presupuestarias que, sin incrementar el presupuesto global, permiten redistribuir recursos entre ministerios y programas específicos. Los decretos 4831, 4833, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839 y 4840 contemplan modificaciones en instituciones como el Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa Nacional, Banco Nacional de Fomento, Presidencia de la República y Universidad Nacional de Asunción.
Estas reprogramaciones se orientan a cubrir gastos en transporte, servicios personales o salarios, bienes de consumo, subsidios y repatriación de connacionales. También fueron beneficiadas entidades como la Dirección Nacional de Defensa Salud y Bienestar Animal, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y el Ministerio de Desarrollo Social.
El Decreto 4834 favorece a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) con una modificación en su anexo de personal, ajustando categorías y denominaciones en el Objeto del Gasto 111 Sueldo, sin implicar finalmente un incremento en el gasto total de la entidad.
Presupuesto vigente alcanza G. 78,7 billones con incremento del 5,56%
Según el informe de Principales Indicadores Financieros correspondiente a septiembre, el Presupuesto General de la Nación 2025 de los organismos de la Administración Central asciende a G. 78,7 billones (USD 10.397,6 millones), evidenciando un incremento del 5,56% frente al presupuesto inicial de G. 74,5 billones.
De dicho monto, el Estado registró una ejecución acumulada del 62,2%, equivalente a G. 49 billones o USD 6.473,7 millones respecto al presupuesto vigente. Del total ejecutado, el 84% se concentró en seis entidades, lideradas por el Ministerio de Economía y Finanzas, principalmente por las obligaciones de la Caja Fiscal y el servicio de la deuda pública.
Congreso analiza Presupuesto 2026 con dictamen de USD 22 millones adicionales
A partir de esta semana, la Cámara de Diputados tiene en sus manos el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, con un plazo de 15 días para aprobarlo y remitirlo a la Cámara de Senadores. Ambas Cámaras disponen de un periodo de 30 días para tratar el documento y sancionarlo antes del 20 de diciembre.
El PGN 2026 planteado por el Poder Ejecutivo contempla un monto global de USD 18.900 millones, representando USD 2.000 millones más que el plan de gastos de 2025. Este incremento del 12% se distribuye entre la Administración Central y entes descentralizados, destinándose más del 60% al pago de salarios.
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso dictaminó aumentar en G. 170.000 millones o USD 22 millones adicionales sobre la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas. Según el presidente de la Bicameral, Silvio Beto Ovelar, estos incrementos priorizan sectores como salud, educación, obras y seguridad, beneficiando principalmente al Ministerio de Salud mediante la restitución de recortes en vacunas y hospitales, y a la Universidad Nacional de Asunción, entre otras instituciones.
Desafío fiscal: mantener el déficit dentro del límite comprometido
El Presupuesto General de la Nación 2025 inicialmente aprobado por el Congreso ascendía a G. 133,2 billones (USD 17.599 millones al cambio presupuestado), incluyendo la administración central y las entidades descentralizadas. Tras las modificaciones del primer semestre, el monto aumentó a G. 136,3 billones (USD 18.009 millones).
Las modificaciones continúan en el segundo semestre, autorizadas tanto por el Ejecutivo como aprobadas por el Congreso, principalmente para financiar gastos corrientes como creación de cargos, pago de salarios, pasajes, viáticos, bonificaciones e inversiones en infraestructura.
Se estima que las modificaciones presupuestarias seguirán y que el presupuesto aumentará aún más en esta última etapa del año. No obstante, el gobierno central deberá alinear sus gastos al tope de déficit fiscal del 1,9% del PIB para cumplir con su compromiso de disciplina fiscal, representando un desafío en el contexto de crecientes demandas de gasto público y presiones estructurales como el déficit de la Caja Fiscal.
La administración enfrenta así el dilema de atender necesidades urgentes en áreas sensibles como jubilaciones, salud e infraestructura, mientras mantiene la sostenibilidad fiscal de mediano plazo en un contexto económico que requiere prudencia y planificación estratégica.
