La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional retomó el análisis del Presupuesto General de la Nación 2026, enfocándose en las asignaciones destinadas al Ministerio de Justicia. Durante la sesión, quedaron expuestos los desafíos estructurales del sistema penitenciario nacional, revelando cifras que evidencian la tensión financiera en que opera actualmente el sector.
El proyecto presupuestario para la cartera de Justicia asciende a G. 566.723 millones, equivalentes a USD 71,9 millones al tipo de cambio proyectado. Esta cifra representa un incremento de G. 45.760 millones, es decir, un 8,78% respecto al presupuesto vigente en 2025. Sin embargo, según las autoridades penitenciarias, esta expansión aún resulta insuficiente para atender las necesidades crecientes del sistema.
La crisis de alimentación: G. 9.200 diarios por recluso
Uno de los datos más preocupantes que emergió durante la sesión legislativa fue revelado por el senador Ignacio Iramain. Al analizar los rubros de gasto, se evidenció que la asignación diaria para alimentación por cada persona privada de libertad alcanza apenas G. 9.200, una cifra que refleja las limitaciones presupuestarias estructurales del ministerio.
El titular de la cartera, Rodrigo Nicora, no solo reconoció la precariedad de este monto sino que adelantó una proyección alarmante: estima que el presupuesto destinado exclusivamente para alimentación se agotaría antes del inicio del último trimestre de 2026. Esta situación obligaría al ministerio a requerir recursos adicionales del Ministerio de Economía y Finanzas durante el año fiscal en curso.
«Efectivamente, tenemos esa Ley de Responsabilidad Fiscal, pero necesitamos un mejor presupuesto para alimentación. Nosotros tenemos proyectado en este 2026 terminar nuestro presupuesto antes del inicio del último trimestre y ahí ver con Hacienda cómo continuar con la provisión de los alimentos», expresó Nicora ante los legisladores.
La insuficiencia en la partida de alimentación ha generado situaciones críticas en algunos centros de reclusión. En la Casa del Buen Pastor, antes de su cierre operativo, la escasez de recursos alimentarios requería que familiares de las internas asumieran directamente la provisión de comida. Si bien el traslado de estas reclusas al nuevo Complejo para Mujeres Privadas de Libertad en Emboscada ha mejorado temporalmente la situación mediante provisiones de Itaipú Binacional, la solución evidencia una dependencia de recursos externos y no constituye una respuesta presupuestaria estructural.
Crecimiento exponencial de la población carcelaria
Un factor central en la insostenibilidad del presupuesto actual es el incremento sostenido de la población penitenciaria. Según datos del Ministerio de Justicia al 30 de septiembre de 2025, el sistema alberga a 19.803 personas privadas de libertad, cifra que representa un aumento significativo desde 2015, cuando se registraban 11.750 reclusos. En una década, la población carcelaria creció en 8.053 personas, un incremento del 68,5%.
La composición actual del sistema refleja que el 93% de los reclusos son hombres, el 6% mujeres y el 1% adolescentes. Sin embargo, la estadística más preocupante desde el punto de vista de la carga operativa es que el 61% de la población penitenciaria aún no cuenta con condena, es decir, 12.065 personas se encuentran en condición de procesadas. Solo 7.738 reclusos, equivalente al 39%, han recibido sentencia condenatoria.
Este desbalance genera una «recarga anual en alimentación, recursos humanos, agentes penitenciarios, personal de blanco, psicólogos y medicamentos», según explicó Nicora. Solo durante los primeros nueve meses de 2025, ingresaron 982 nuevas personas al sistema penitenciario.
Costo unitario y sostenibilidad fiscal
El ministerio calculó que el costo aproximado por persona privada de libertad oscila entre G. 1.800.000 a G. 1.900.000 anuales para el Estado. Aplicando estos valores a la población actual, el gasto anual en reclusos ascendería a aproximadamente G. 35.600 millones a G. 37.600 millones, cifra que evidencia la presión fiscal que representa el sistema carcelario sobre las finanzas públicas.
El aumento presupuestario proyectado de USD 5,8 millones permitiría la incorporación de 381 nuevos agentes penitenciarios y 264 funcionarios administrativos y de salud. No obstante, operadores del sector advierten que esta expansión de personal resulta apenas funcional ante el crecimiento poblacional registrado.
El déficit salarial del personal penitenciario
Más allá de los gastos de operación y alimentación, existe una brecha crítica en la remuneración del personal. El 56% del presupuesto propuesto para 2026 está destinado a servicios personales, lo que representa la mayor partida del gasto. Sin embargo, Nicora reconoció que los recursos disponibles resultan insuficientes.
El panorama salarial es heterogéneo y problemático. El ministerio reveló que el personal recientemente contratado percibe montos superiores a los funcionarios nombrados, mientras que aproximadamente la mitad del personal contratado gana únicamente salario mínimo. Esta disparidad generó críticas entre legisladores.
«Estamos retrasando reivindicaciones importantes. El 50% de los contratados gana salario mínimo, en una institución donde arriesgan sus vidas. G. 5 millones sería ideal», expresó el diputado Yamil Esgaib durante la sesión. Por su parte, el legislador Hugo Meza solicitó una equiparación salarial entre contratados y nombrados, además de un mayor fortalecimiento tecnológico del sistema.
Para resolver esta problemática, el ministro Nicora estimó que se requeriría un aporte adicional de G. 60.000 millones sobre el incremento proyectado. Esta cifra, que equivaldría a más que duplicar la asignación presupuestaria, refleja la magnitud de la deuda que el Estado mantiene con el personal penitenciario.
Perspectivas presupuestarias históricas
El proyecto de presupuesto para 2026 debe contextualizarse dentro de un histórico presupuestario volátil. Entre 2021 y 2024, la cartera de Justicia experimentó variaciones moderadas, con un aumento del 1% entre 2021 y 2022, del 5% entre 2022 y 2023, y una reducción del 4% en 2024. Recién en 2025 se registró un incremento más significativo del 24%, anticipando parcialmente las presiones que enfrenta el sistema.
El aumento del 8,78% propuesto para 2026 es inferior al registrado en 2025, lo que sugiere una desaceleración en el ritmo de crecimiento presupuestario en un contexto donde las demandas operativas continúan en ascenso.
Iniciativas de gestión y necesidades de inversión
El ministerio ha implementado operativos de traslado de reclusos para optimizar la utilización de infraestructura. El operativo Umbral 1 trasladó inicialmente a 516 personas de la penitenciaría regional de Ciudad del Este al nuevo centro penitenciario de reinserción social de Minga Guazú, con una segunda fase que movilizó a 267 individuos. El operativo Umbral 2 reubicó a 664 mujeres desde la Casa del Buen Pastor y el Hogar de Nueva Oportunidad al nuevo complejo en Emboscada.
Nicora además adelantó que proyecta tercerizar el servicio de ingreso y control de personas en las penitenciarías, una medida que responde a la experiencia exitosa implementada en Uruguay y Brasil. Esta decisión responde a problemas operativos cotidianos de contrabando de celulares, alcohol y drogas dentro de los establecimientos.
Otra iniciativa requiere la reactivación de la unidad especializada S.W.A.T para el sistema penitenciario, una unidad de respuesta rápida con 180 agentes que demanda una inversión adicional de G. 12.456 millones.
Presión sobre la infraestructura carcelaria
Datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura revelan índices de ocupación que exceden ampliamente los estándares de derechos humanos. La penitenciaría regional de Villarrica registra un índice de ocupación del 1.183%, albergando 627 presos cuando su capacidad humanitaria es de solo 53 personas. La penitenciaría regional de San Pedro alcanza el 1.030% de ocupación, mientras que la cárcel de Emboscada llega al 834%. Únicamente la penitenciaría de Tacumbú, en Asunción, mantiene un índice más controlado de 444%, alojando al 11% de la población carcelaria nacional.
Deterioro sanitario en cárceles
Complementariamente, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura reportó aumentos alarmantes en enfermedades transmisibles dentro de los centros de reclusión. Entre 2014 y agosto de 2025, los casos de tuberculosis aumentaron un 448%, registrándose 771 casos versus 172 en 2014. La sífilis experimentó un incremento del 248%, mientras que los casos de VIH crecieron un 174%.
Estos incrementos reflejan las deficiencias en condiciones sanitarias, que se correlacionan directamente con el insuficiente presupuesto destinado a servicios de salud dentro del sistema penitenciario.
Contexto sectorial más amplio
Mientras el Ministerio de Justicia recibe G. 566.723 millones, el presupuesto combinado para el Ministerio del Interior, que incluye a la Policía Nacional, asciende a más de G. 4,6 billones, con un incremento de G. 612.576 millones, representando un 15,2% adicional respecto a 2025. Esta disparidad presupuestaria entre seguridad preventiva y gestión carcelaria refleja las prioridades fiscales del Estado, dejando a la administración penitenciaria en una posición de menor asignación relativa dentro del gasto en seguridad.
Insuficiencia estructural
El debate presupuestario de 2026 pone de manifiesto una realidad fiscal compleja: los fondos asignados al Ministerio de Justicia, aunque superiores al año anterior, resultan insuficientes para atender un sistema carcelario que crece exponencialmente. La alimentación diaria de G. 9.200 por recluso, el déficit salarial de G. 60.000 millones, la sobrepoblación que alcanza índices de hasta 1.183% en algunos establecimientos, y el deterioro sanitario documentado configuran un panorama de presión estructural sobre la administración penitenciaria.
La proyección de que el presupuesto de alimentación se agotará antes del último trimestre del año fiscal anticipa nuevas solicitudes de recursos extraordinarios, un patrón que refleja la necesidad de replanteamientos más profundos en la asignación y eficiencia del gasto público en el sector. Sin ajustes significativos en la política presupuestaria penitenciaria, el sistema continuará operando bajo tensión crónica, comprometiendo tanto la capacidad operativa del Estado como las condiciones de reclusión de casi 20.000 personas.
