La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública presentaron este lunes ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional sus proyectos presupuestarios para el ejercicio fiscal 2026, solicitando en conjunto recursos adicionales por G. 747.428 millones (US$ 94,8 millones) por encima de lo asignado en el proyecto del Poder Ejecutivo. Las solicitudes llegan en un momento crítico para el sistema de justicia paraguayo, marcado por denuncias de corrupción, deficiencias operativas y baja confianza ciudadana.
Proyecto oficial del Ejecutivo asigna G. 3 billones al sector judicial
El proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para 2026, presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 25 de agosto, asciende a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), representando un incremento del 12% respecto al presupuesto aprobado para 2025.
Dentro de esta propuesta, la Corte Suprema de Justicia recibiría poco más de G. 1,9 billones (US$ 243,1 millones al cambio presupuestado), lo que supone un aumento del 12% en comparación con el ejercicio vigente. Por su parte, el Ministerio Público obtendría G. 763.074 millones (US$ 96,8 millones), apenas 0,8% más que el año anterior, mientras que el Ministerio de la Defensa Pública contaría con G. 294.333 millones (US$ 37,3 millones), un incremento del 1,5%.
Sin embargo, las autoridades de estas tres instituciones manifestaron públicamente su disconformidad con estas cifras durante la sesión informativa ante la Comisión Bicameral, argumentando que los recursos propuestos resultan insuficientes para atender las necesidades operativas y estructurales que enfrentan.
Corte Suprema solicita 34% más y creación de 891 cargos nuevos
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, defendió ante la comisión parlamentaria un presupuesto de más de G. 2,3 billones (US$ 291,8 millones al cambio presupuestado), lo que representa un aumento de G. 421.347 millones respecto a la propuesta del Ejecutivo y un salto del 34% sobre el presupuesto vigente.
El plan judicial contempla la creación de 891 cargos distribuidos entre áreas administrativas y jurisdiccionales, además de un paquete de aumentos salariales escalonados estimado en G. 165.816 millones. Los incrementos propuestos son del 20% para funcionarios que perciben entre G. 2,8 millones y G. 5 millones, 10% para quienes ganan entre G. 5 y 10 millones, y 5% para salarios superiores a G. 10 millones.
Según la documentación oficial presentada, aproximadamente el 75% de los fondos provendrían del Tesoro Nacional (FF10) y el 25% restante de recursos institucionales (FF30). La Corte justifica el incremento argumentando la necesidad de modernización, fortalecimiento del capital humano, mejoras en infraestructura, expansión del expediente electrónico y optimización de los servicios registrales como el Registro Único del Automotor (RUN).
Ministerio Público admite que solo investiga el 30% de las causas penales
El Ministerio Público presentó una de las solicitudes más contundentes, planteando un presupuesto de más de G. 1 billón (US$ 134 millones), lo que representa un aumento de G. 293.531 millones en comparación con la propuesta del Ejecutivo. El proyecto asciende específicamente a G. 1.056.606 millones, compuesto por G. 971.709 millones del Tesoro Nacional y G. 84.897 millones de recursos institucionales.
Durante su presentación, la institución reconoció públicamente una realidad alarmante: solo logra investigar el 30% de las causas penales ingresadas cada año debido al déficit presupuestario. Según cifras oficiales divulgadas en redes sociales, si se divide el presupuesto total 2024 (G. 672.000 millones) entre las 310.927 causas ingresadas ese año, «7 de cada 10 causas quedan sin respuesta». La institución calculó que investigar una causa penal desde el inicio hasta su conclusión cuesta en promedio G. 90 millones.
Entre enero y septiembre de 2025, el Ministerio Público registró más de 215.000 causas en todo el país, lo que representa una carga promedio de 510 causas por fiscal al año. Esta cifra supera ampliamente la capacidad operativa actual y evidencia la necesidad de reforzar el plantel: la institución estima que requiere al menos 560 agentes fiscales adicionales.
El fiscal general advirtió que la falta de recursos no solo limita la capacidad investigativa, sino que deja en evidencia una grave debilidad estructural del sistema penal, donde la mayoría de las denuncias quedan sin respuesta efectiva y las víctimas de hechos punibles sin posibilidad de ser resarcidas. «Sin un presupuesto justo, la impunidad se instala como consecuencia directa de la falta de medios para investigar los delitos que afectan a la ciudadanía», alertó el Ministerio Público.
Defensa Pública solicita adenda de G. 32.548 millones
El Ministerio de la Defensa Pública, por su parte, planteó una solicitud más moderada pero igualmente enfática: una adenda de G. 32.548 millones por encima de los G. 294.333 millones asignados en el proyecto del Ejecutivo. A diferencia de la Corte Suprema y el Ministerio Público, esta institución no hizo mención específica a la creación de nuevos cargos, aunque sí incluye en su plan aumentos salariales y de beneficios para los funcionarios.
En total, considerando las tres instituciones, la solicitud de creación de cargos suma aproximadamente 1.505 puestos entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, todos con sus correspondientes impactos presupuestarios en términos de salarios y beneficios laborales.
Peticiones llegan en medio de crisis de credibilidad institucional
El pedido presupuestario de la Corte Suprema de Justicia aterriza en el peor momento de su imagen institucional. Según el informe Latinobarómetro 2024, apenas el 28% de los paraguayos confía en el Poder Judicial. A nivel regional, Paraguay ocupa el puesto 100 de 142 países en el Índice de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project, evidenciando déficits graves en justicia civil, penal y control de la corrupción.
La situación se agrava por el escándalo de la «mafia de los pagarés», que involucra a jueces y funcionarios judiciales acusados de corrupción, con nuevas causas abiertas en octubre. Este golpe reputacional, sumado a la mora judicial crónica que afecta al sistema, alimenta la percepción social de que la inversión de recursos públicos no se traduce en una justicia pronta, eficaz y transparente.
Para dimensionar la estructura actual, documentos de la Comisión Bicameral correspondientes al PGN 2025 consignaban 13.707 funcionarios permanentes en el Poder Judicial, distribuidos entre áreas jurisdiccionales, registrales y administrativas. Esta cifra explica por qué el gasto en personal constituye el núcleo del presupuesto judicial y concentra la mayor parte de las discusiones sobre aumentos y nuevas contrataciones.
Marco constitucional y próximos pasos del proceso presupuestario
La Constitución Nacional, en su artículo 249, garantiza autarquía presupuestaria al Poder Judicial y fija un piso del 3% del Presupuesto de la Administración Central. La Corte Suprema suele invocar esta cláusula constitucional en sus proyecciones anuales, aunque año a año se discute cuál es la base de cálculo correcta y si el piso mínimo se cumple efectivamente.
La Comisión Bicameral de Presupuesto continuará este jueves 9 de octubre con la recepción de los 17 gobernadores del país, quienes defenderán sus respectivos proyectos de presupuesto 2026. No se descarta que estas autoridades departamentales también soliciten mayores recursos a los asignados originalmente por el Ejecutivo.
En la víspera de esta sesión, el gobernador del departamento de Guairá, César Sosa, en representación del Consejo de Gobernadores, se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. Según informó la cartera económica, en el encuentro se analizaron los proyectos de presupuesto de las distintas gobernaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2026, así como los programas financiados por el gobierno central y ejecutados por las administraciones departamentales, con énfasis en el seguimiento y mejora de su implementación.
La revisión del presupuesto judicial por parte de la Bicameral se produce mientras la comisión también evalúa solicitudes de otras instituciones como la Justicia Electoral, lo que genera una competencia por recursos en un contexto fiscal tradicionalmente restrictivo. El debate parlamentario deberá equilibrar las necesidades operativas del sistema de justicia con las limitaciones fiscales del Estado y, fundamentalmente, con las expectativas ciudadanas de una administración de justicia eficiente, transparente y al servicio de la población.
