El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026 vuelve a evidenciar la tendencia expansiva del aparato estatal paraguayo. Con G. 149,2 billones presupuestados —un incremento del 12% respecto a 2025—, la propuesta gubernamental contempla la creación de 11.105 nuevos puestos permanentes, elevando la plantilla pública a 345.646 funcionarios.
Esta cifra no incluye los aproximadamente 50.000 contratados temporales, lo que llevaría el total de empleados estatales cerca de los 400.000 trabajadores, una realidad que plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto público en un país con poco más de 7 millones de habitantes.
La Policía Nacional, principal beneficiaria de la expansión
El reparto sectorial de los nuevos cargos revela prioridades gubernamentales claras, pero también genera cuestionamientos sobre la planificación estratégica. El Ministerio del Interior concentra la mayor parte con 5.249 nuevos efectivos policiales, una decisión que responde a las demandas ciudadanas de seguridad, pero que también refleja el enfoque reactivo ante la creciente criminalidad.
En el sector salud, la incorporación de 3.412 profesionales para los hospitales de Coronel Oviedo y Encarnación representa un avance necesario, considerando las históricas carencias del sistema público de salud. Sin embargo, la concentración en solo dos centros hospitalarios plantea dudas sobre la cobertura integral en el interior del país.
Los ministerios de Defensa (742 nuevos cargos) y Educación (722) también incrementan sus plantillas, mientras que el sistema judicial suma 328 funcionarios entre la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, una medida que podría contribuir a agilizar procesos judiciales largamente demorados.
Tres años de crecimiento acelerado del empleo público
Los números revelan una realidad preocupante: entre 2024 y 2026, el Estado habrá creado 26.324 nuevos puestos permanentes. Esta expansión sostenida ocurre en un contexto donde el sector privado enfrenta dificultades para generar empleo formal, convirtiendo al Estado en el principal empleador del país.
La distribución contempla 107 instituciones públicas y más de 18 organismos presidenciales, una estructura administrativa que algunos especialistas consideran sobredimensionada para las necesidades reales del país. La proximidad del año electoral agrega una variable política que tradicionalmente presiona por más contrataciones, lo que podría incrementar estas cifras durante el trámite legislativo.
El peso creciente de los servicios personales
Para financiar esta expansión de personal, el presupuesto destina G. 35,7 billones a servicios personales, un aumento de G. 2 billones respecto a 2025. Esta cifra incluye no solo salarios básicos, sino también aguinaldos, horas extras, bonificaciones y subsidios familiares, componentes que históricamente han mostrado resistencia a ajustes durante crisis fiscales.
El incremento del 6% en este rubro contrasta con las limitadas mejoras salariales para los trabajadores del sector privado, una disparidad que alimenta la percepción ciudadana sobre las ventajas del empleo público frente al privado.
Deuda pública: la bomba de tiempo fiscal
Mientras el gobierno amplía la nómina estatal, los números de ejecución presupuestaria 2025 muestran una realidad alarmante. Los pagos por servicio de deuda crecieron 41,6% en ocho meses, alcanzando G. 7,17 billones, con la deuda externa absorbiendo el 80% de estos compromisos.
Esta escalada del endeudamiento, sumada al déficit crónico de la Caja Fiscal —que demandó G. 5,75 billones solo en jubilaciones y pensiones—, configura un escenario de creciente vulnerabilidad fiscal. La combinación de más empleados públicos hoy significa más jubilados mañana, perpetuando un ciclo que compromete la sostenibilidad de las finanzas estatales.
Concentración del gasto en pocas carteras
El análisis de ejecución revela que seis ministerios concentran el 84% del gasto público, una centralización que plantea interrogantes sobre la distribución territorial de recursos. El Ministerio de Economía y Finanzas lidera con G. 15,1 billones, pero tres cuartas partes se destinan a jubilaciones y servicio de deuda, no a inversión productiva.
Esta estructura de gasto, donde los compromisos corrientes superan ampliamente la inversión en desarrollo, limita la capacidad del Estado para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo privado.
El desafío de la eficiencia estatal
El proyecto presupuestario 2026 refleja la continuidad de un modelo de Estado expansivo que, si bien puede generar empleo a corto plazo, plantea serios interrogantes sobre su sostenibilidad y eficiencia. La creación de más de 11.000 nuevos cargos, en un contexto de creciente endeudamiento y presión previsional, requiere una evaluación crítica sobre las prioridades de gasto público.
La proximidad electoral añade complejidad al debate, ya que históricamente los años electorales han sido propicios para el clientelismo político a través del empleo público. Los ciudadanos paraguayos merecen un Estado eficiente y sostenible, no necesariamente más grande.
La pregunta fundamental que surge es si esta expansión del aparato estatal contribuirá efectivamente a mejorar los servicios públicos o simplemente perpetuará un sistema que privilegia el empleo sobre la productividad, hipotecando el futuro fiscal del país.
