La política arancelaria del presidente Donald Trump enfrenta su mayor desafío legal hasta la fecha después de que un tribunal federal de apelaciones dictaminó el 29 de agosto que los llamados «aranceles recíprocos» exceden la autoridad presidencial bajo la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA). La decisión, que podría obligar al Departamento del Tesoro a reembolsar aproximadamente la mitad de los ingresos arancelarios recaudados, ha llevado a la administración Trump a apelar urgentemente ante la Corte Suprema.
Fallo judicial pone en riesgo miles de millones en ingresos aduaneros
El tribunal de apelaciones, en una decisión de 7 a 4, determinó que no existe «ninguna autorización clara del Congreso en la IEEPA para aranceles de la magnitud de los Aranceles Recíprocos y los Aranceles por Tráfico». Los magistrados señalaron que ni la palabra «arancel» ni ninguno de sus sinónimos como «impuestos» o «gravámenes» aparecen en el texto legislativo de la IEEPA de 1977.
Esta decisión judicial complementa un fallo previo del Tribunal Internacional de Comercio de finales de mayo, que dictaminó que no existía la emergencia nacional que Trump alegaba para justificar los aranceles basándose en los déficits comerciales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió este domingo sobre las graves consecuencias financieras de una confirmación del fallo: «Tendríamos que devolver alrededor de la mitad de los aranceles, lo que sería terrible para el Tesoro». Sin embargo, Bessent expresó confianza en que el gobierno ganará en la Corte Suprema y mencionó que existen «numerosas otras vías» para evitar los reembolsos, aunque no proporcionó detalles específicos.
Impacto económico multimillonario en juego
Los números en disputa son considerables. Estados Unidos recaudó aproximadamente 28.000 millones de dólares en derechos de aduana en julio, un incremento significativo comparado con los 16.800 millones recaudados en abril. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó haber recaudado 81.500 millones de dólares de los aranceles de Trump hasta junio.
Los aranceles en cuestión, que van del 10 al 50 por ciento y se aplican a casi todos los países del mundo, entraron en vigor a principios de agosto y permanecerán vigentes hasta el 14 de octubre, cuando se aplicará la orden del tribunal a menos que la Corte Suprema intervenga.
Efectos negativos en el empleo y la economía
Los datos económicos recientes sugieren que las políticas arancelarias están comenzando a impactar negativamente la economía estadounidense. El informe de empleo de agosto de la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que la economía añadió apenas 22.000 puestos de trabajo ese mes, mientras la tasa de desempleo subió al 4,3%, su nivel más alto en casi cuatro años.
Joe Brusuelas, economista de RSM US, identificó un impacto «innegable» de la política arancelaria en la contratación, particularmente en el sector de bienes, que ha registrado «cuatro meses consecutivos de caídas desde mayo». Las empresas han comenzado a reportar efectos financieros significativos: General Motors y Nike ya han reportado impactos de 1.000 millones de dólares en sus ganancias netas.
Corporaciones trasladan costos a consumidores
A pesar de las afirmaciones de la administración Trump de que las empresas estadounidenses deberían «absorber» los costos adicionales de los aranceles, importantes corporaciones como Nike, Hasbro y Walmart han advertido que estos gravámenes resultarán inevitablemente en aumentos de precios para los consumidores. Los aranceles funcionan esencialmente como un impuesto que pagan los importadores estadounidenses y que se transfiere al consumidor final.
Estrategia legal de emergencia ante la Corte Suprema
El fiscal general John Sauer solicitó a la Corte Suprema el miércoles que decida antes del 10 de septiembre si tomará el caso, con audiencias orales programadas para la primera semana de noviembre y un fallo acelerado. En su presentación, Sauer argumentó que «lo que está en juego en este caso no podría ser más grave» y advirtió que eliminar la autoridad arancelaria dejaría a Estados Unidos «expuesto a represalias comerciales sin defensas eficaces».
La administración Trump ha enmarcado el caso como fundamental para mantener los acuerdos comerciales preliminares alcanzados con la Unión Europea, Japón y Corea del Sur bajo amenaza de aumentos arancelarios, que incluyen compromisos de inversión por cientos de miles de millones de dólares.
Implicaciones para las negociaciones comerciales internacionales
El fallo judicial ha interrumpido las negociaciones comerciales diplomáticas en curso y ha creado incertidumbre legal sobre los esfuerzos del presidente para implementar su estrategia comercial global. Peter Navarro, asesor principal de la Casa Blanca en comercio e industria, señaló que la opinión disidente del tribunal, redactada por Richard Taranto y respaldada por tres jueces adicionales, «presenta un camino muy claro para que la Corte Suprema falle a nuestro favor».
La decisión de la Corte Suprema, prácticamente inevitable dado el alcance del caso, no solo determinará el futuro de los aranceles recíprocos sino que también establecerá precedentes importantes sobre los límites del poder ejecutivo presidencial en materia de política comercial y económica.
Probables escenarios y consecuencias sistémicas
La controversia arancelaria refleja tensiones más amplias sobre el equilibrio de poderes en la política económica estadounidense. El vicepresidente JD Vance ha articulado la visión de la Casa Blanca de que es «algo un poco absurdo» que el presidente «no tenga la capacidad de tomar estas determinaciones» económicas cruciales sin intervención de otras instituciones.
Mientras la administración Trump aguarda la decisión de la Corte Suprema, los efectos de su guerra arancelaria continúan manifestándose en la economía real, con impactos medibles en el empleo, los precios al consumidor y la competitividad internacional. La resolución de este caso marcará un momento definitorio no solo para la política comercial de Trump, sino para el futuro marco legal que gobierna la autoridad presidencial en asuntos económicos internacionales.
