El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva dio un paso decisivo el jueves al autorizar el inicio de consultas formales para determinar la aplicación de la Ley de Reciprocidad Económica contra los aranceles del 50% impuestos por la administración Trump sobre importaciones brasileñas. La medida marca un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre las dos mayores economías del continente y abre la posibilidad de una guerra comercial de amplias consecuencias.
Marco legal y cronograma de implementación
La decisión presidencial activa un mecanismo establecido en abril de 2025, cuando el Congreso brasileño aprobó por unanimidad la Ley de Reciprocidad Económica. Esta normativa faculta al país a adoptar contramedidas comerciales proporcionales frente a acciones unilaterales de otros Estados, incluyendo incrementos arancelarios compensatorios, suspensión de concesiones comerciales y restricciones a inversiones estratégicas.
La Cámara de Comercio Exterior (Camex), organismo interministerial que reúne a representantes de Hacienda, Industria, Agricultura e Itamaraty, dispondrá de 30 días para presentar un dictamen técnico sobre la viabilidad de aplicar estas medidas. El análisis determinará si los aranceles estadounidenses encajan en el marco legal establecido por la ley sancionada en abril.
El Ministerio de Relaciones Exteriores notificará oficialmente a Washington este viernes sobre el inicio del procedimiento, según confirmaron fuentes diplomáticas. Esta comunicación formal representa una escalada significativa respecto a la estrategia inicial de Brasil, que se había limitado a presentar consultas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Antecedentes de la crisis arancelaria
La disputa comercial se originó el 30 de julio de 2025, cuando el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impuso un recargo adicional del 40% sobre productos brasileños, sumándose al 10% de arancel recíproco decretado en abril. El gravamen total del 50% comenzó a aplicarse el 6 de agosto de 2025, afectando una amplia gama de importaciones brasileñas.
La Casa Blanca justificó esta medida aludiendo a una supuesta «persecución política» contra el expresidente Jair Bolsonaro y criticando las decisiones del juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal. Paralelamente, Washington impuso sanciones personales contra el magistrado, generando fuertes críticas en Brasil y provocando que medios internacionales como The Guardian calificaran la medida como un «ataque a la democracia brasileña».
La respuesta del presidente Lula fue contundente: «Brasil es un país soberano, con instituciones independientes, que no acepta tutela de nadie», declaró en un discurso televisado. El canciller Mauro Vieira reforzó esta posición, insistiendo en que la Ley de Reciprocidad «tiene como objetivo defender el interés nacional» y que cualquier respuesta estará guiada por criterios técnicos.
Sectores económicos en el epicentro del conflicto
Los sectores más impactados por los aranceles estadounidenses son el acero y el aluminio, productos fundamentales en el intercambio bilateral. Según datos de S&P Global, Estados Unidos importó más de 5.400 millones de dólares en acero brasileño durante 2023, consolidando a Brasil como uno de sus principales proveedores en este rubro estratégico.
La agroindustria brasileña —representada principalmente por soja, café y etanol— también enfrenta impactos severos en sus exportaciones. Sin embargo, sectores clave como el jugo de naranja concentrado y la industria aeronáutica, representada por Embraer, quedaron exentos de los gravámenes más altos, lo que evidencia la selectividad estratégica de la medida estadounidense.
Brasil importa principalmente de Estados Unidos motores y máquinas no eléctricas (16%) y combustibles (10%), sectores que podrían convertirse en objetivos de eventuales contramedidas brasileñas si Camex avala la aplicación de la Ley de Reciprocidad.
Dimensiones del intercambio comercial bilateral
El comercio bilateral entre ambas naciones superó los 127.000 millones de dólares en 2024, según datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Esta cifra evidencia la magnitud económica de la disputa y las potenciales consecuencias de una escalada comercial.
Paradójicamente, las estadísticas oficiales demuestran que Estados Unidos mantiene un superávit comercial estructural frente a Brasil, aproximadamente 7.000 millones de dólares en bienes y más de 30.000 millones al incluir servicios. Estas cifras contradicen la narrativa de déficit comercial promovida por la administración Trump para justificar los aranceles punitivos.
Estrategia diplomática y mecanismos alternativos
El vicepresidente Geraldo Alckmin coordina un comité interministerial creado específicamente para manejar esta crisis, que incluye representantes de los ministerios de Hacienda, Industria, Agricultura y Relaciones Exteriores. Este grupo mantendrá reuniones con sectores productivos para evaluar el impacto completo del tarifazo y definir posibles contramedidas proporcionales.
«Espero que esto ayude a acelerar el diálogo y la negociación» con Estados Unidos, declaró Alckmin durante una gira por México, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta declaración evidencia que Brasil mantiene la esperanza de una solución negociada, pese a la escalada formal del conflicto.
Paralelamente a la activación de la Ley de Reciprocidad, Brasil también recurre a la OMC contra los aranceles punitivos. Sin embargo, autoridades brasileñas reconocen que el recurso ante este organismo multilateral es principalmente «un gesto político» del cual «no saldrá algo productivo» en el corto plazo, dado que los procesos ante la OMC suelen prolongarse durante años.
Riesgos y perspectivas económicas
La publicación de la Ley de Reciprocidad en abril ya había generado advertencias sobre un endurecimiento en la política comercial brasileña, tradicionalmente multilateral. Tatiana Prazeres, exsecretaria de Comercio Exterior, advirtió que la norma dota a Brasil de «un arma poderosa, pero también riesgosa», pues una aplicación frontal podría desencadenar represalias adicionales de Washington.
El abogado general de la Unión, Jorge Messias, reforzó esta perspectiva en un artículo publicado en The New York Times: «La imposición de una tarifa generalizada de 50% no es solo desproporcionada, sino también contraria a las reglas del comercio justo», según reprodujo CNN Brasil.
En Washington, la reacción inicial ha sido de cautela. Un funcionario del Departamento de Estado, citado por Reuters, aseguró que Estados Unidos «espera que Brasil evite medidas precipitadas que puedan dañar una relación estratégica de larga data». Sin embargo, en Brasilia, la presión política y empresarial para responder con firmeza es creciente.
Implicaciones para el contexto regional
La crisis Brasil-Estados Unidos se enmarca en un contexto más amplio de tensiones comerciales que afectan a toda América Latina. México, la otra gran economía de la región, también enfrenta presiones similares y negocia con Washington un acuerdo a largo plazo para evitar gravámenes comparables a los impuestos a Brasil.
Esta simultaneidad evidencia una estrategia sistemática de la administración Trump de utilizar herramientas comerciales para ejercer presión política sobre gobiernos latinoamericanos, particularmente aquellos que mantienen posturas críticas respecto a políticas estadounidenses.
Escenarios comerciales y proyecciones a futuro cercano
Los próximos 30 días serán decisivos para definir el rumbo de esta disputa comercial. Camex debe determinar si los aranceles estadounidenses justifican una aplicación plena de la Ley de Reciprocidad, decisión que marcará el tono de la relación bilateral en los próximos meses.
El presidente Lula expresó su frustración por la falta de canales de diálogo: «No logramos hablar con nadie, con nadie de Estados Unidos», declaró durante un acto gubernamental. Esta situación evidencia el deterioro de los mecanismos diplomáticos tradicionales y la necesidad de encontrar nuevas vías de comunicación.
Entre la defensa de la soberanía nacional y el riesgo de una guerra comercial que podría afectar severamente a ambas economías, Brasil enfrenta un dilema complejo que pondrá a prueba la habilidad diplomática del gobierno de Lula en su tercer mandato. La resolución de esta crisis tendrá implicaciones que trascienden el ámbito bilateral y podrían redefinir el equilibrio comercial en todo el continente americano.
