El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que presentará entre el lunes 25 y viernes 29 de agosto el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026 ante el Congreso Nacional. La presentación se realizará con casi una semana de anticipación al plazo legal establecido, que vence el 1 de septiembre.
La decisión de adelantar la presentación se produce en el marco de las negociaciones con los gremios docentes, quienes han suspendido el paro previsto para el 27 y 28 de agosto tras conocer la fecha oficial de presentación del proyecto presupuestario. Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), confirmó que la presentación se realizará específicamente el lunes 25, información que recibió durante la reunión mantenida con el viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera.
Conflicto salarial docente se traslada al ámbito legislativo
La tensión entre el gobierno y los gremios docentes persiste debido a las diferencias en las propuestas de reajuste salarial para 2026. Mientras los educadores exigen un incremento del 8%, la administración nacional mantiene su oferta del 3,6% a partir de enero del próximo año.
Ante la negativa gubernamental y el adelanto de la presentación del PGN 2026, los dirigentes docentes han decidido trasladar su reclamo directamente al Congreso Nacional, donde buscarán influir en la conformación de la Comisión Bicameral de Presupuesto que analizará el proyecto antes de su tratamiento en Diputados y posteriormente en el Senado.
Asignación presupuestaria para educación: USD 235 millones proyectados hasta 2026
Las cifras oficiales del MEF indican una asignación total de USD 235 millones para el sector educativo entre 2024 y 2026, distribuidos en USD 182 millones para ajustes salariales y USD 53 millones destinados al pago del escalafón docente.
Durante 2024 se incluyó la regularización de atrasos salariales acumulados durante cinco años del gobierno anterior de Mario Abdo Benítez. Esta cifra contrasta con el período 2018-2023, cuando el aumento al escalafón docente fue de USD 6 millones.
La prioridad otorgada a la educación se refleja en la distribución presupuestaria, donde el 35,3% del incremento total registrado en servicios personales entre los presupuestos 2024 y 2025 de la administración central fue destinado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Datos salariales muestran incrementos por encima de la inflación
Los registros oficiales indican que un profesor de grado pasó de percibir G. 3.000.000 en 2022 a G. 4.126.597 en 2025, mientras que un director escaló de G. 3.203.806 a G. 5.380.000 en el mismo período.
Estos incrementos equivalen a aumentos acumulados del 37,6% para profesores y 67,9% para directores, cifras que superan la inflación del 11,4% registrada en el mismo período, según las estadísticas oficiales.
PGN 2026 mantendrá déficit fiscal dentro de los límites legales
El proyecto de presupuesto para el ejercicio 2026 contempla un déficit fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto, cumpliendo exactamente con el límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Las autoridades del MEF han adelantado que priorizarán la asignación de recursos hacia los sectores considerados estratégicos: educación, salud, protección social y seguridad.
Para dimensionar el crecimiento del gasto público, el presupuesto 2025 inicialmente se fijó en G. 133,2 billones (USD 17.599 millones), pero en agosto ya había ascendido a más de G. 139 billones (USD 18.368 millones). Esta diferencia de G. 5,8 billones (USD 768,8 millones) se debe a las ampliaciones introducidas durante el ejercicio.
El incremento del presupuesto 2025 fue del 14% respecto al año anterior, por lo que se estima que el crecimiento para 2026 podría situarse al menos en el mismo nivel.
Fondos estatales registran crecimiento del 19,1% hasta USD 3.152 millones
El informe de Saldos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) correspondiente a julio indica que los fondos gubernamentales depositados en el sistema financiero alcanzaron USD 3.152 millones, representando un incremento del 19,1% respecto al mismo período del año anterior, cuando totalizaban USD 2.647 millones.
Esta cifra se encuentra distribuida en más de 15 entidades bancarias privadas, aunque mantiene una concentración en cuatro instituciones que poseen el 67,2% del total de estos saldos. El ranking está encabezado por el Banco Nacional de Fomento (BNF), seguido por Ueno Bank, Banco Continental y Banco Basa, este último controlado por Sarah Cartes, hermana del ex presidente Horacio Cartes.
Marco legal impulsa canalización progresiva hacia el BNF
La Ley 7408/24 establece que los recursos institucionales de los OEE deben canalizarse progresivamente hacia el Banco Nacional de Fomento, salvo excepciones contractuales y de disponibilidad. Esta normativa busca optimizar la gestión de los recursos públicos y fortalecer la banca de desarrollo del país.
En cuanto a la composición de estos depósitos, el 56% corresponde a Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), el 35,3% se encuentra en depósitos a la vista y el 8,7% restante en cuentas corrientes. Del total invertido en CDA (USD 1.764 millones), el 71,8% pertenece al Instituto de Previsión Social (IPS).
La distribución por monedas muestra G. 18,9 billones en moneda nacional, donde el 57,8% corresponde a fondos de seguridad social, mientras que USD 592,7 millones están depositados en dólares, principalmente de empresas públicas.
Análisis de impacto económico y perspectivas para 2026
La presentación del PGN 2026 y el crecimiento de los fondos estatales reflejan la situación fiscal del país y la gestión de recursos públicos. El principal desafío se centra en equilibrar las demandas salariales del sector público, particularmente de los docentes, con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.
La conformación de la Comisión Bicameral de Presupuesto determinará el tratamiento de las demandas docentes en el ámbito legislativo y su compatibilidad con la propuesta del Ejecutivo. Este proceso definirá la política salarial para 2026 y la distribución de inversiones públicas en los sectores considerados prioritarios.
