El gobierno de Javier Milei profundiza su agenda de desmantelamiento del Estado argentino con el anuncio de la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en un contexto donde las tarifas de servicios públicos han experimentado incrementos desproporcionados que castigan severamente el poder adquisitivo de los hogares. La medida forma parte de un plan sistemático que ya ha transferido al sector privado múltiples empresas estatales, mientras las familias argentinas enfrentan aumentos de hasta 1.545% en algunos servicios básicos.
Un Estado en retirada: la estrategia privatizadora integral
La privatización de AySA, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, representa apenas la punta del iceberg de una transformación estructural del rol estatal en Argentina. La empresa de agua potable y saneamiento, que atiende a 3,8 millones de hogares en Buenos Aires y su conurbano, será transferida en un 90% a inversores privados mediante un esquema mixto que combina licitación internacional y oferta pública.
Esta operación se inscribe dentro de la Ley Bases, que identificó ocho empresas estatales como «privatizables»: además de AySA, figuran Enarsa (energía), Nucleoeléctrica (energía nuclear), Trenes Argentinos (transporte ferroviario) e Intercargo (logística portuaria). El proceso ya ha cobrado víctimas: Impsa (siderúrgica) fue vendida a un consorcio estadounidense, mientras que Energía Argentina, Corredores Viales y Belgrano Cargas ya pasaron a manos privadas.
La cronología planificada para AySA revela la sistematización del proceso: dos decretos en el segundo semestre de 2025, aprobación de términos de concesión a fin de año, convocatoria a interesados a finales de 2025 y adjudicación definitiva hacia mediados de 2026.
El ajuste tarifario: una transferencia masiva de recursos
Mientras el gobierno argumenta la ineficiencia estatal para justificar las privatizaciones, los datos revelan una realidad más compleja y preocupante. Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires destinó en julio $193.329 pesos para servicios básicos (electricidad, gas, agua y transporte), representando el 13,4% del salario promedio registrado, cuando un año antes equivalía apenas al 6,1%.
Los incrementos por servicio exhiben la magnitud del ajuste implementado:
- Gas natural: 1.545% durante la gestión Milei
- Transporte: 770% en el mismo período
- Electricidad: 351% desde diciembre de 2023
- Agua: 362% en igual lapso
Esta escalada tarifaria, que totaliza un incremento de 597% en la canasta de servicios básicos contra una inflación de 154%, constituye una transferencia masiva de recursos desde los hogares hacia el equilibrio fiscal. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) confirma que el recorte del 62% en subsidios energéticos fue fundamental para sostener el superávit fiscal de 2024.
La paradoja de AySA: del déficit al superávit forzado
El caso de AySA ilustra las contradicciones del discurso oficial. La empresa pasó de un déficit de 230 millones de dólares en 2023 a un superávit de 87 millones en 2024, transformación que el gobierno presenta simultáneamente como prueba del fracaso de la gestión estatal y como atractivo para inversores privados.
Esta mejora financiera no resultó de incrementos en eficiencia, sino del brutal ajuste tarifario que multiplicó por cuatro el precio del servicio, muy por encima de la inflación. Paralelamente, el gobierno redujo la plantilla de 7.800 a menos de 6.400 empleados y paralizó totalmente las obras de infraestructura, estrategia que replica el patrón seguido con otras empresas antes de su privatización.
Manuel Adorni justificó la venta argumentando que AySA requirió 13.400 millones de dólares en aportes estatales desde 2006, omitiendo mencionar que durante ese período la empresa expandió significativamente su cobertura: 3 millones de nuevos usuarios de agua potable (83,3% de cobertura) y 2 millones de servicios cloacales (63,3% de cobertura).
Los fantasmas de los años ’90: historia que se repite
La privatización planificada evoca inquietantes similitudes con el proceso menemista de los años ’90. En 1993, Obras Sanitarias de la Nación fue entregada al consorcio Aguas Argentinas, controlado por la francesa Suez Lyonnaise des Eaux. La experiencia culminó en 2006 con la rescisión del contrato por problemas de calidad del servicio, incumplimientos en inversiones y conflictos tarifarios.
La reestatización bajo Néstor Kirchner derivó en una demanda ante el CIADI que costó al Estado argentino 384 millones de dólares en compensaciones. Adorni replica ahora el mismo discurso de «modernización de precios y calidad» utilizado hace tres décadas, ignorando las lecciones de aquella experiencia fallida.
Impacto social: cuando los servicios básicos se vuelven inaccesibles
El modelo implementado por Milei trasciende la mera política económica para convertirse en una profunda reingeniería social. Los hogares argentinos afrontan actualmente el 50% del costo real de los servicios públicos, proporción que continuará aumentando conforme avance el desmantelamiento de subsidios.
El Observatorio de Tarifas y Subsidios del UBA-CONICET documenta cómo el gasto en servicios básicos creció exponencialmente por encima de la inflación general, erosionando dramáticamente el poder adquisitivo de las familias. Esta dinámica no solo afecta el consumo, sino que compromete el acceso a servicios esenciales para sectores vulnerables.
La privatización de AySA, en particular, plantea serios interrogantes sobre el acceso al agua potable como derecho humano fundamental. Organizaciones sociales advierten que la lógica de mercado podría derivar en tarifas prohibitivas para amplios sectores de la población, replicando patrones observados en otras experiencias latinoamericanas de privatización de servicios hídricos.
Una estrategia fiscal con costos sociales
El ajuste tarifario forma parte de una estrategia fiscal más amplia que ha permitido al gobierno exhibir superávit primario a costa de un severo deterioro en las condiciones de vida. El Instituto Interdisciplinario de Economía Política reporta que «la reducción de subsidios en los primeros 6 meses fue de $1,52 billones mientras que el superávit se incrementó en $1,73 billones».
Esta ecuación revela que el equilibrio fiscal se construye sobre la transferencia de costos hacia los hogares, particularmente aquellos de menores recursos que destinan una proporción mayor de sus ingresos a servicios básicos. El modelo replica experiencias de ajuste estructural implementadas en diversos países latinoamericanos durante las décadas de 1980 y 1990, con resultados sociales controvertidos.
Interrogantes sobre regulación y competencia
La privatización masiva de servicios públicos plantea desafíos regulatorios fundamentales que el gobierno no ha abordado adecuadamente. La experiencia internacional demuestra que la transferencia de monopolios naturales al sector privado sin marcos regulatorios robustos tiende a generar abusos tarifarios y deterioro en la calidad del servicio.
El caso de AySA resulta paradigmático: se trata de una infraestructura de red con características de monopolio natural, donde la competencia efectiva es prácticamente imposible. Sin regulación estricta, los operadores privados pueden imponer condiciones leoninas a usuarios cautivos, particularmente en servicios esenciales como el agua potable.
El modelo Milei: entre la ortodoxia liberal y la realidad social
La agenda privatizadora de Milei responde a una concepción ideológica que privilegia la eficiencia de mercado sobre consideraciones de equidad social y acceso universal a servicios básicos. Sin embargo, la evidencia internacional sobre privatizaciones de servicios públicos presenta resultados mixtos, con numerosos casos de re-estatización tras experiencias fallidas.
El gobierno argentino parece ignorar estas lecciones, apostando a un modelo que replica recetas ortodoxas sin considerar las particularidades del contexto local ni los costos sociales del ajuste. La velocidad y amplitud del proceso sugieren más una urgencia fiscal que una estrategia cuidadosamente diseñada para mejorar la prestación de servicios.
El futuro de millones de argentinos en el acceso a servicios esenciales queda así supeditado a las decisiones de mercado, en un contexto donde el Estado abdica de su rol regulador y garante de derechos básicos. La experiencia de las próximas décadas determinará si esta apuesta ultra-liberal genera los beneficios prometidos o replica los fracasos de experiencias similares en la región.
