La región que crece menos en el mundo
América Latina y el Caribe se posiciona como la región con menor crecimiento económico a nivel mundial, según revela el nuevo Reporte Económico de América Latina y el Caribe (LACER) presentado por el Banco Mundial. Las proyecciones indican que la región crecerá apenas un 2,1% en 2025 y un modesto 2,4% en 2026, cifras que representan un ajuste a la baja respecto a las previsiones de enero, cuando se estimaba un crecimiento del 2,5% y 2,6% respectivamente.
Este panorama económico, ya de por sí frágil, se ve agravado por un problema que ha adquirido dimensiones alarmantes: el crimen organizado y la violencia que genera. El informe, titulado «Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe», identifica estos fenómenos como obstáculos centrales para el desarrollo regional, situándolos como una prioridad urgente que requiere acción inmediata.
Una epidemia de violencia con costos económicos cuantificables
Las estadísticas son contundentes: aunque la población de América Latina representa apenas el 9% del total mundial, la región registra un tercio de los homicidios globales. Las tasas de victimización son tres veces superiores al promedio mundial, mientras que las tasas de homicidios son ocho veces mayores. Esta brecha, lejos de reducirse, se ha ampliado considerablemente en las últimas dos décadas, pasando de una tasa promedio 5,4 veces mayor que la mundial en la primera década de este siglo a una 8 veces mayor en la segunda.
«Este ya no es un problema aislado; exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos», afirma Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos directos del crimen organizado alcanzaron el 3,4% del PIB de América Latina y el Caribe en 2022, una cifra que refleja el impacto devastador sobre las economías de la región.
La geografía del crimen: disparidades regionales
El impacto de la violencia no es homogéneo en toda la región. Los índices promedio de homicidio en el periodo 2018-2022 presentan variaciones significativas, desde 38 por cada 100.000 habitantes en Honduras hasta 5 en Argentina y 4 en Bolivia.
Durante los últimos años, países como El Salvador y Venezuela han experimentado mejoras notables en sus niveles de seguridad, mientras que otros como Ecuador y Haití han visto un deterioro alarmante de la situación, lo que demuestra la naturaleza dinámica y adaptativa del problema.
Los factores que alimentan al monstruo
El informe del Banco Mundial identifica varios factores que contribuyen al auge del crimen organizado en la región:
- Demanda global de bienes ilícitos: El incremento en la demanda mundial de cocaína, oro ilegal y tráfico de migrantes durante la década de 2010 ha proporcionado fuentes lucrativas de financiamiento para las organizaciones criminales.
- Intervenciones gubernamentales: Las represiones gubernamentales han llevado a una reorganización de los grupos criminales, que se han adaptado y reconfigurado sus redes.
- Pandemia de COVID-19: La crisis sanitaria permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas con escasa presencia estatal. En Colombia y México, «permitió que las organizaciones criminales ganaran legitimidad y poder al brindar apoyo social y gobernanza, en algunos casos reemplazando al Estado en zonas de marcada pobreza y desigualdad».
- Mayor disponibilidad de armas y alta tecnología: Estos factores han potenciado la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
- Diversificación de actividades: Los grupos criminales han expandido su portafolio de negocios ilícitos. El informe cita como ejemplo al Tren de Aragua (Venezuela), que «pasó de cobrar tarifas para facilitar el paso de los migrantes, a establecer su propia operación, que incluye la propiedad de empresas de transporte y alojamiento».
El impacto en la economía formal
La situación no solo afecta la seguridad pública y la confianza en las instituciones, sino que también deteriora gravemente la competitividad económica de la región. La incertidumbre respecto a los derechos de propiedad y la extorsión generalizada incrementan significativamente los costos de transacción para las empresas.
El Banco Mundial cita el caso de El Salvador, donde las maras (MS-13 y Barrio 18) estuvieron involucradas en extorsión y cobros de tarifas de «protección» durante décadas, con aproximadamente el 79% de los negocios pagando esta penalización. Este «impuesto criminal» reduce la rentabilidad, desincentiva la inversión y distorsiona la asignación de recursos en la economía.
«Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo. Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento», advierte William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial.
Una agenda integral para enfrentar el desafío
El informe subraya que la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia multidimensional que combine políticas de seguridad con iniciativas económicas y sociales:
Fortalecimiento institucional
Se insta a consolidar una agenda diseñada para fortalecer la capacidad del Estado contra la delincuencia organizada, incluyendo:
- Reformas policiales que mejoren la capacidad investigativa y operativa de las fuerzas de seguridad.
- Fortalecimiento de los procesos judiciales para reducir la impunidad.
- Mejora de los sistemas penitenciarios, que en muchos lugares están controlados por grupos criminales.
El Banco Mundial considera «clave contar con instituciones bien equipadas» para hacer frente al desafío.
Políticas económicas y sociales
Las políticas económicas también desempeñan un papel crucial en la lucha contra la delincuencia organizada:
- Promoción del crecimiento económico y reformas generadoras de empleo.
- Mejora de los sistemas educativos para ofrecer a los jóvenes alternativas viables.
- Programas de formación profesional que aumenten el costo de oportunidad de la delincuencia.
A corto plazo, el informe aboga por «priorizar el fortalecimiento estratégico de la capacidad en cárceles, fuerzas de policía y sistemas de justicia», mientras que a medio y largo plazo recomienda «mejorar los sistemas educativos y mercados laborales».
La necesidad de investigación y datos
Finalmente, el informe enfatiza la necesidad de generar estudios a largo plazo que orienten la acción gubernamental. La ausencia de investigaciones periódicas y comparables dificulta el desarrollo de políticas eficaces basadas en evidencia.
América Latina y el Caribe «ha cojeado por un crecimiento económico anual mediocre, baja productividad», pobreza y altos niveles de desigualdad y «permanecerá atrapada en este pobre equilibrio» hasta que logre frenar el crimen organizado y la violencia que trae consigo, concluye el informe.
La batalla contra el crimen organizado se perfila así no solo como un imperativo de seguridad, sino como una condición indispensable para desbloquear el potencial de desarrollo económico de una región que sigue rezagada en el contexto global.
