La administración Trump ha intensificado su ofensiva contra la Universidad de Harvard con planes para recortar otros $1.000 millones destinados a la investigación en salud, según informó este domingo The Wall Street Journal. Esta nueva medida se suma a los $2.200 millones ya congelados en subvenciones y ayudas federales, elevando la presión financiera sobre la institución académica más prestigiosa del país en lo que se ha convertido en una batalla por la autonomía universitaria con profundas implicaciones económicas y académicas.
El origen del conflicto: más allá del antisemitismo
En el centro de la disputa se encuentra la negativa de Harvard a ceder ante una serie de exigencias presentadas por el Grupo de trabajo federal contra el antisemitismo, creado por Trump mediante una orden ejecutiva. Entre estas demandas destacan la suspensión de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y la implementación de mecanismos para vigilar la ideología de los estudiantes extranjeros.
La respuesta de Alan Garber, presidente de Harvard, ha sido firme: «Ningún gobierno debería dictar a qué puede enseñar una universidad privada, ni a quién deben admitir o contratar, o qué áreas de estudio o investigación se pueden perseguir», declaró esta semana en una nota dirigida a la comunidad universitaria.
Las consecuencias económicas se multiplican
El impacto financiero para Harvard podría ser devastador. Los fondos federales constituyen aproximadamente el 10,5% de los ingresos de la universidad, sin contar la ayuda financiera como becas y préstamos estudiantiles. La congelación inicial de $2.200 millones, sumada ahora a este nuevo recorte de $1.000 millones, compromete seriamente la viabilidad de numerosos proyectos de investigación.
Particularmente vulnerable es la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, donde el 46% de su presupuesto proviene de subvenciones federales. Los programas amenazados incluyen investigaciones cruciales sobre cáncer, Alzheimer, accidentes cerebrovasculares y VIH, lo que podría tener consecuencias que trascienden el ámbito académico y afectan directamente al avance científico en áreas críticas para la salud pública.
Más allá de la congelación de fondos
Las medidas punitivas del gobierno de Trump contra Harvard no se limitan a la congelación de fondos. El Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Kristi Noem, ha amenazado con prohibir la admisión de estudiantes extranjeros tras declarar «ilegal y violenta» la actividad de algunos estudiantes con visado.
Simultáneamente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha comenzado a moverse para eliminar la valiosa exención fiscal de la que goza la universidad, un beneficio que, de perderse, podría costarle millones de dólares adicionales cada año.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, ha acusado a Harvard de proporcionar informes «incompletos e inexactos» sobre las donaciones extranjeras que recibe, calificando esta práctica como «ilegal e inaceptable» y sugiriendo que la universidad podría estar siendo «manipulada» por entidades extranjeras hostiles a los intereses estadounidenses.
La respuesta de Harvard: resistencia y adaptación
Frente a esta crisis sin precedentes, Harvard ha iniciado una estrategia de respuesta en múltiples frentes. La semana pasada, la universidad comenzó gestiones para solicitar un préstamo de $750 millones en Wall Street, describiendo esta medida como «parte de la planificación de contingencia para diversos escenarios posibles».
Aunque la institución cuenta con un fondo de dotación de $53.000 millones —el más grande del país—, las autoridades universitarias argumentan que estos recursos no constituyen «una cuenta de uso general» que pueda destinarse libremente a cualquier necesidad. Muchas de estas donaciones están legalmente vinculadas a objetivos específicos y no pueden redirigirse.
Paralelamente, la postura firme de Garber frente a las exigencias gubernamentales ha generado una oleada de solidaridad. Según The Harvard Crimson, el diario de la universidad, las donaciones se dispararon inmediatamente después de su declaración, con una media de 88 aportaciones por hora, recaudando más de un millón de dólares solo en un día.
Un patrón más amplio: la cruzada contra las universidades de élite
El caso de Harvard no es aislado. La administración Trump ha implementado medidas similares contra otras instituciones del grupo Ivy League:
- Universidad de Cornell: recorte de $1.000 millones
- Universidad Northwestern: recorte de $750 millones
- Universidad Brown: recorte de $500 millones
- Universidad de Columbia: recorte de $400 millones
- Universidad de Pensilvania: amenaza de recorte de $175 millones
Estos recortes sistemáticos están generando preocupación en todo el sector de educación superior, donde se perciben como un intento de utilizar el poder financiero federal para imponer una determinada agenda ideológica en las universidades privadas.
Las implicaciones a largo plazo
Las consecuencias de este enfrentamiento trascienden el ámbito inmediato. A corto y medio plazo, podría significar el final de programas de investigación en áreas como el Parkinson, la robótica, el cáncer o la nanotecnología. A largo plazo, plantea interrogantes fundamentales sobre la autonomía universitaria y la libertad académica en Estados Unidos.
Los expertos financieros del sector educativo señalan que esta crisis podría reconfigurar completamente las fuentes de financiación de las universidades estadounidenses, potencialmente reduciendo su dependencia de fondos federales pero también alterando la naturaleza de la investigación académica.
La estrategia legal: ganar tiempo
Harvard parece estar adoptando una estrategia similar a la que el propio Trump ha utilizado durante décadas en sus batallas legales: negar todo, apoyarse en un poderoso equipo legal para cuestionar cada aspecto del proceso y ralentizar el caso para ganar tiempo.
Como explica James Pindell en el Globe de Boston, la universidad confía en que los demócratas recuperen el control del Congreso en menos de dos años o, en su defecto, en esperar a que Trump concluya su segundo mandato. Con casi 390 años de historia, Harvard parece considerar este conflicto como un obstáculo temporal en su larga trayectoria.
Preguntas abiertas
En este complejo escenario, quedan dos interrogantes fundamentales: ¿Podrá Harvard mantener su nivel de excelencia investigadora sin los fondos federales? y ¿formarán las universidades de élite un frente común contra estas medidas gubernamentales?
Con un fondo de dotación de $53.000 millones, aunque con limitaciones para su uso discrecional, Harvard no parece enfrentar una situación terminal. Y respecto a la segunda cuestión, la formación de un frente común universitario parece cada vez más probable como mecanismo de resistencia ante lo que muchos académicos perciben como una amenaza sin precedentes a la independencia institucional.
Lo que está claro es que este conflicto marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno federal y las instituciones académicas de élite, con ramificaciones económicas, científicas y políticas que podrían redefinir el
