La prestigiosa Universidad de Harvard se encuentra en el centro de una batalla política y financiera sin precedentes contra la administración del presidente Donald Trump, quien ha ordenado la congelación de más de US$2.000 millones en fondos federales y amenaza con eliminar su valiosa exención fiscal tras el rechazo de la institución a implementar cambios exigidos por la Casa Blanca.

El ultimátum rechazado: Harvard dice «no» a la intervención federal

El pasado 14 de abril, Alan Garber, presidente de Harvard, emitió una carta pública rechazando categóricamente las exigencias de la administración Trump, convirtiéndose así en la primera universidad de la Ivy League en desafiar abiertamente al gobierno federal. Harvard argumenta que las demandas representan un intento de control gubernamental sobre la comunidad universitaria que va mucho más allá de la lucha contra el antisemitismo.

«Ningún gobierno -independientemente del partido que esté en el poder- debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir», escribió Garber en su carta.

Las exigencias controversiales de la Casa Blanca

Las demandas gubernamentales, detalladas en una carta enviada a Harvard el pasado viernes y obtenida por The New York Times, incluyen 10 categorías de cambios que transformarían radicalmente las operaciones de la universidad:

  1. Denunciar ante el gobierno federal a estudiantes considerados «hostiles» a los valores estadounidenses
  2. Garantizar «diversidad de puntos de vista» en cada departamento académico
  3. Contratar auditores externos aprobados por el gobierno para supervisar departamentos señalados por «fomentar acoso antisemita»
  4. Investigar al profesorado para detectar posible plagio
  5. Modificar los sistemas de contratación y admisión, eliminando políticas de diversidad, equidad e inclusión
  6. Prohibir el uso de mascarillas en el campus para evitar el anonimato en protestas
  7. Reformar criterios de admisión para estudiantes internacionales

Represalias económicas inmediatas y amenazas fiscales

La respuesta de la administración Trump fue contundente. Apenas horas después del rechazo de Harvard, el Departamento de Educación anunció la congelación inmediata de US$2.200 millones en subvenciones y US$60 millones en contratos federales.

«La declaración de Harvard de hoy refuerza la preocupante mentalidad de privilegios, endémica en las universidades y centros de educación superior más prestigiosos de nuestro país», declaró el Departamento de Educación en un comunicado oficial.

Sin embargo, Trump elevó la presión al sugerir una medida aún más severa en sus redes sociales: la eliminación de la exención fiscal de la universidad.

«¿Quizás Harvard debería perder su estatus de exención fiscal y ser gravada como entidad política si sigue promoviendo la ‘enfermedad’ con inspiración política, ideológica y terrorista?», escribió Trump en Truth Social. «¡Recuerden, la exención fiscal depende totalmente de actuar en interés público!».

Esta amenaza podría representar un golpe financiero devastador para la institución, al obligarla a pagar millones de dólares en impuestos anualmente.

Una estrategia más amplia contra las universidades de élite

Harvard no es la única institución en la mira. La administración Trump ha implementado tácticas similares contra otras universidades de élite:

  • La Universidad de Columbia cedió a las exigencias tras amenazas de perder US$400 millones
  • Cornell enfrenta la congelación de US$1.000 millones en fondos federales
  • Northwestern tiene retenidos US$790 millones
  • Princeton podría perder becas de investigación por US$210 millones
  • Brown enfrenta la suspensión de US$500 millones en financiación

Sin embargo, Harvard, con un patrimonio de US$53.000 millones, es la primera que se ha negado frontalmente a ceder ante la presión gubernamental.

Implicaciones para la investigación académica y la libertad intelectual

Expertos advierten que estos recortes podrían tener consecuencias devastadoras para la investigación académica en Estados Unidos. Robert A. Brown, presidente emérito de la Universidad de Boston, expresó en Times Higher Education que «los recortes drásticos obligarán a las universidades a retirarse de la investigación, pudiendo conducir al colapso total del sistema».

El profesor David Armitage de Harvard calificó las acciones del gobierno como «totalmente infundadas y vengativas», cuyo «único objetivo es silenciar la libertad de expresión».

Respaldo político y divisiones nacionales

El expresidente Barack Obama ha respaldado públicamente la postura de Harvard, instando a otras instituciones a seguir su ejemplo:

«Harvard ha dado ejemplo a otras instituciones de educación superior al rechazar un intento ilegal y torpe de reprimir la libertad académica, al tiempo que toma medidas concretas para garantizar que todos los estudiantes de Harvard puedan beneficiarse de un entorno de investigación intelectual, debate riguroso y respeto mutuo», escribió Obama en sus redes sociales.

Por su parte, Dafydd Townley, profesor de política estadounidense y seguridad internacional de la Universidad de Portsmouth, considera que este enfrentamiento «representa otro ataque de la administración Trump a los pilares de la democracia y la sociedad estadounidenses».

Un conflicto con raíces en las protestas por Gaza

El conflicto tiene su origen en las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza y el apoyo estadounidense a Israel que se extendieron por numerosos campus universitarios el año pasado. La administración Trump ha acusado a las principales universidades de no proteger adecuadamente a los estudiantes judíos durante estas manifestaciones.

Futuro incierto: ¿resistencia o sumisión?

Mientras Harvard mantiene su posición de resistencia, amparada en su sólida situación financiera, otras universidades con menos recursos podrían verse obligadas a ceder ante las presiones gubernamentales, como ya ocurrió con Columbia.

Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de Harvard, advierte sobre el impacto devastador que tendría cambiar el estatus fiscal de la universidad: «Las contribuciones caritativas deducibles de impuestos tienen un efecto masivo en el apoyo a las universidades».

Por ahora, Harvard tiene hasta agosto para reconsiderar su posición, según las exigencias del gobierno federal, pero su firme rechazo inicial indica que la institución está dispuesta a asumir las consecuencias económicas en defensa de su autonomía académica y libertad intelectual.